El narco-Estado intocable: Militares guatemaltecos desafían a la DEA
La alerta atravesó el estado en julio. Un analista de la FBI ubicado en McAllen escribió un informe clasificado que el Departamento de Seguridad Interna envió a agentes de la Patrulla Fronteriza de Texas. Alrededor de 30 sospechosos, que alguna vez fueron parte de una unidad elite de las fuerzas especiales guatemaltecas estaban entrenando a narcotraficantes en tácticas paramilitares cerca de la frontera de McAllen.
La unidad, llamada los kaibiles, en memoria de el príncipe maya Kaibil Balam, es una de las más temibles fuerzas militares de Latinoamérica, acusada de muchas de las masacres que ocurrieron en Guatemala durante su guerra civil de 36 años. Alrededor de septiembre, autoridades mexicanas anunciaron que habían arrestado a siete kaibiles guatemaltecos, entre ellos cuatro “desertores”, activos según los registros del ejército de Guatemala.
Las autoridades mexicanas dicen que los kaibiles pretendían incorporarse a Los Zetas, una banda de soldados convertidos en delincuentes salidos de las fuerzas especiales de México. Es lógico pensar que Los Zetas contactaran a su contraparte guatemalteca. Además de ser un vecino, “Guatemala es el punto en Centroamérica preferido para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos”, según lo ha reportado consistentemente el Departamento de Estado al Congreso, desde 1999. A principios de noviembre, las autoridades antidrogas asignadas en la embajada de Estados Unidos en Guatemala dijeron a la Associated Press que el 75 por ciento de la cocaína que llega a América pasa por la nación centroamericana.
Tal vez sea más importante el hecho que la institución dominante en el país, el ejército, está involucrado en el tráfico ilegal de drogas. Durante las pasadas dos décadas, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos ha acusado silenciosamente a oficiales militares guatemaltecos, de todos los rangos y en todas las ramas, de estar al servicio del tráfico de drogas a Estados Unidos, de acuerdo con documentos oficiales conseguidos por The Texas Observer. Recientemente, la administración Bush ha sospechado que dos generales retirados del ejército de Guatemala, en lo más alto de la jerarquía militar, están envueltos en el tráfico de drogas y ha revocados sus visas, con base en tales sospechas.
Los generales retirados, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Francisco Ortega Menaldo, son dos altos jefes de inteligencia. Están entre los fundadores de un club exclusivo y oscuro de la estructura de inteligencia que se autonombra “la cofradía”, según informes de inteligencia de Estados Unidos. Estos informes, recientemente desclasificados, acreditan a la cofradía la “ingeniería” de tácticas que derrotaron completamente a los grupos guerrilleros marxistas guatemaltecos. Una Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas estableció que esas tácticas incluyeron “actos de genocidio”, por las expulsiones y masacres de pobladores de no menos de 440 comunidades mayas.
Las autoridades de inteligencia militar de Guatemala desarrollaron un código de silencio durante estas operaciones sangrientas, lo cual es una razón por la que ningún oficial fue perseguido por violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Fría. Desde entonces, las mismas autoridades de inteligencia han transformado sus estructuras clandestinas para actividades del crimen organizado, según informes de la DEA y otros servicios de inteligencia estadounidenses, que van de la importación de autos robados en Estados Unidos al tráfico de drogas hacia ese país. Sin embargo, ningún oficial ha sido perseguido por un crimen internacional, ni en Guatemala ni en Estados Unidos.
Tan hay evidencias del involucramiento de militares de Guatemala en actividades ilegales que la administración Bush ya no proporciona ayuda militar a ese país, ni siquiera entrenamiento de oficiales. Entre esas evidencias están “un reciente resurgimiento de abusos supuestamente orquestados por oficiales y ex oficiales militares; y sospechas de corrupción y narcotráfico de parte de ex oficiales militares”, según el informe de 2004 sobre Entrenamiento Militar en el Extranjero del Departamento de Estado.
Mientras algunos miembros de la administración Bush y del Congreso quieren reanudar el entrenamiento militar, otros están preocupados por la incapacidad del gobierno guatemalteco para controlar al ejército. “La razón por la que elementos del ejército están tan involucrados en estas operaciones ilícitas es que el gobierno simplemente no tiene el poder para detenerlos”, dijo el congresista republicano tejano Michael McCaul, quien es integrante de la Subcomisión del Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Internacionales y es el presidente de la Subcomisión sobre Investigaciones del Departamento de Seguridad Interna.
El ejército de Guatemala no es el primero corrompido por las drogas; se han descubierto los nexos con el crimen organizado de altos funcionarios de inteligencia y de apoyo a la ley, en muchas naciones de América Latina. Pero lo que distingue a Guatemala de la mayoría de las otras naciones es que algunos de sus militares sospechosos son acusados no solamente de proteger a grandes sindicatos criminales, sino también de dirigirlos. Recientemente, la administración Bush reconoció a Colombia y a México por su progreso en la persecución de sus sospechosos de participar en el narcotráfico y en la extradición a Estados Unidos de otros. Pero Guatemala, país único en este hemisferio, no ha procesado ni extraditado a uno solo de sus supuestos capos por lo menos durante los últimos 10 años.
Durante décadas, sucesivas administraciones estadounidenses han intentado, sin éxito, entrenar a efectivos agentes de la policía guatemalteca, mientras decían poco o nada sobre las conocidas actividades criminales de militares. Eso se acabó en los últimos tres años gracias al representante republicano Cass Ballenger, un firme conservador de Carolina del Norte, quien fue presidente de la Subcomisión del Hemisferio Occidental.
“De manera clara, el gobierno de Guatemala no ha tomado las medidas necesarias para investigar, arrestar y llevar ante la justicia a capos del narcotráfico”, dijo en el 2003, Ballenger, entonces presidente de la subcomisión. Respaldando a su predecesor, el nuevo presidente, el republicano Dan Burton, comentó a través de un vocero que desea ver que los mismos supuestos capos finalmente sean presentados para que rindan cuentas. Mientras eso no ocurra, las drogas provenientes de Guatemala y la violencia concurrente continuarán desbordando la frontera tejana.
Guatemala ha sido muy lento en sus esfuerzos por emprender acciones legales contra sus oficiales militares acusados de violaciones a los derechos humanos, y la impunidad se ha extendido a actos criminales. En 1994, las extradiciones de Guatemala de sospechosos de ser narcotraficantes se interrumpieron, con un caso en el que estaba involucrado un oficial militar activo. El caso resalta el terrible precio que pagan quienes buscan justicia en Guatemala y la timidez de Estados Unidos para exigir rendimiento de cuentas.
Un oficial de inteligencia militar a comienzos de los ’80, el teniente coronel Carlos Ochoa, fue entrenado durante un corto periodo en el Colegio de Comando y Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos en 1988. Dos años después, la DEA lo acusó de trasladar drogas a, entre otras ciudades, Florida, donde elementos de la agencia detuvieron una avioneta que contenía media tonelada métrica de cocaína, supuestamente enviada por Ochoa.
Abogados del Departamento de Estado trabajaron durante más de tres años para evitar que tribunales militares guatemaltecos desestimaran los cargos, y finalmente llevaron el caso de extradición hasta la corte civil de mayor rango. El ex presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González Dubón, ya era respetado por su integridad. El 23 de marzo de 1994, dirigió una sesión cerrada (algo común en Guatemala) del tribunal en la que éste emitió, con cuatro votos a favor y tres en contra, una resolución a favor de la extradición de Ochoa. Nueve días después, el 1 de abril, hombres armados asesinaron a González Dubón detrás de su auto, en la capital, cerca de su hogar de clase media, frente a su esposa y su hijo menor. El 12 de abril, la misma Corte de Constitucionalidad, con un nuevo presidente, resolvió en una votación de siete a uno a favor de la no extradición. Los magistrados usaron la misma línea en el registro oficial -cambiando el veredicto y la fecha, pero no el número de caso- para escribir sobre la resolución original, hecho solamente reportado años después por el diario costarricense La Nación.
La administración Clinton nunca dijo una palabra de protesta. La embajadora estadounidense de entonces, Marilyn McAfee, admitió que tenía otras prioridades, entre ellas las negociaciones de paz que se desarrollaban. “Estoy preocupada por la potencial declinación de nuestras relaciones con el ejército”, escribió a sus superiores unos meses antes del asesinato. “Lo más relevante es que debemos considerar cuidadosamente cada una de nuestras acciones relacionadas con el ejército guatemalteco, no sólo por las implicaciones en Washington, sino también por sus impactos aquí”.
Cuatro años después del asesinato, la administración Clinton finalmente admitió unas cuantas líneas en un grueso informe al Congreso: “El presidente de la Corte de Constitucionalidad había aprobado la extradición por los cargos hechos en 1991, precisamente antes de ser asesinado. La corte reintegrada poco después votó a favor de rechazar la extradición”.
Ocho no pudo haber estado trabajando solo. “Además de sus actividades relacionadas con el narcotráfico, Ochoa estaba involucrado en el traslado a Guatemala de autos robados en Estados Unidos”, se lee en un informe “secreto” de inteligencia de Estados Unidos obtenido por la abogada estadounidense Jennifer Harbury. “Otro oficial militar involucrado con Ochoa en el narcotráfico es el coronel Julio Roberto Alpírez de León”.
Alpírez, quien durante un breve periodo fue entrenado en la Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1970, trabajó en “operaciones de inteligencia especiales”, según un informe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA). Posteriormente, una investigación del Consejo de Fiscalización de la Casa Blanca lo implicó en la tortura y asesinato de un líder guerrillero marxista, esposo de la abogada formada en Harvard Harbury, y en la tortura y misteriosa decapitación de un hotelero estadounidense llamado Michael Devine. El coronel Alpírez, desde su retiro, ha negado las acusaciones y nunca fue procesado.
Pero Ochoa, su ex subordinado, se encuentra en la cárcel. Fue arrestado -otra vez- por la venta de cocaína en la ciudad de Guatemala, donde el consumo de crack y la comisión de crímenes violentos, principalmente secuestros, alarmantemente se han convertido en algo común. Ochoa fue condenado a 14 años de prisión, y él es el más importante narcotraficante que ha sido condenado en Guatemala.
Hasta ahora, la DEA nunca ha reconocido públicamente el valor del magistrado González Dubón, quien murió defendiendo una de sus evidencias. “El magistrado merece ser recordado y honrado por tratar de ayudar a establecer la democracia en Guatemala”, dijo el agente especial de la DEA, William Glaspy, en una entrevista exclusiva. Desde el asesinato, la DEA ha sido de todo, pero impotente en Guatemala.
La impunidad que protege a oficiales militares guatemaltecos de la justicia comenzó durante la Guerra Fría. “Hay una larga historia de impunidad en Guatemala”, observó el congresista William Delahunt, demócrata de Massachusetts, quien es miembro de la Subcomisión del Hemisferio Occidental. “Estados Unidos ha contribuido a ello de una manera ofensiva, tomando en cuenta su actuación en 1954 y en los ’80”, añadió, haciendo referencia al golpe de Estado de 1954, que derrocó a un presidente democráticamente electo y llevó al ejército guatemalteco al poder, y al respaldo encubierto de la administración Reagan a ese ejército en un periodo en el que el derramamiento de sangre de civiles fue mayor.
También fue durante esta carnicería de la época de la Guerra Fría cuando la cofradía del ejército consiguió sus mayores éxitos. “La sola mención de la palabra ‘cofradía’ dentro de la institución evoca la idea de un ‘club de inteligencia’, siendo el término ‘cofradía’ el nombre dado a las poderosas organizaciones de líderes de templos de poblados que existen en el altiplano indígena guatemalteco”, se lee en documento de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, que en 1991 fue clasificado. “Muchos de los ‘mejores y más brillantes’ oficiales del ejército guatemalteco fueron asignados a labores de inteligencia y a la planeación de operaciones tácticas”, continúa. Como todos los documentos que no son atribuidos a otra fuente, el cable fue conseguido por la asociación sin fines de lucro National Security Archives, de Washington, D.C.
De acuerdo con el cable de 1991, “miembros bien conocidos de la no oficial cofradía eran” los entonces coroneles “Manuel Antonio Callejas y Callejas” y “Ortega Menaldo” (quienes recibieron entrenamiento durante un corto periodo en la Escuela de las Américas, en 1970 y 1976, respectivamente).
El informe de inteligencia continúa: “Bajo las órdenes de directores de inteligencia como el entonces coronel Manuel Antonio Callejas y Callejas, en los primeros años de los ’80, la jefatura de inteligencia consiguió mejoras tan dramáticas en sus capacidades que hoy debe reconocérsele la ingeniería de la declinación de la guerrilla desde 1982 hasta el presente. Pero mientras lo hacía, la jefatura de inteligencia se convirtió en un ‘club’ de elite entre los oficiales”.
Otros oficiales guatemaltecos llamaron a su enfoque “secar el mar para matar al pez”, o de ataque a civiles de quienes se sospechaba que apoyaban a la guerrilla izquierdista y no a los combatientes armados mismos. Un ex sargento del ejército de Guatemala, que estuvo asignado en el ensangrentado departamento Quiché, dijo después al autor de este artículo que aprendió otra expresión: “Hacer que inocentes paguen los pecados de los culpables”.
Los informes de la CIA son aun más cándidos. “Los oficiales al mando de las unidades involucradas han recibido instrucciones de destruir todos los pueblos y aldeas que están colaborando con la guerrilla y de eliminar todas las fuentes de resistencia”, se lee en un documento de 1982 de la estación de la agencia de la ciudad de Guatemala que estuvo clasificado como “secreto”. El informe continúa: “Cuando una patrulla del ejército encuentra resistencia y es atacado desde un pueblo o aldea se asume que todo el pueblo es hostil y es destruido”. Equipos forenses han exhumado numerosas tumbas colectivas. Algunos de los cuerpos son de mujeres y menores. En Guatemala fueron asesinadas más de 200,000 personas, en el que se considera el conflicto más sangriento de Centroamérica durante la Guerra Fría.
La violencia dejó al ejército firmemente en el control de Guatemala, y no paso mucho tiempo sin que esta estabilidad captara la atención de los sindicatos de la droga colombianos. Primero el cartel de Medellín y después el de Cali, según expertos en drogas andinos, comenzaron a buscar nuevas rutas hacia Estados Unidos, después que las tradicionales fueron cerradas a mediados de los ’80, debido a una mayor inspección con radares sobre el Caribe, especialmente sobre las Bahamas, efectuada por Estados Unidos.
“Escogieron a Guatemala porque está cerca de México, que es un punto de entrada obvio a Estados Unidos, y porque los mexicanos tienen una mafia establecida desde hace mucho tiempo”, explicó un agente andino. “También es un país más conveniente para el tránsito y el almacenamiento que El Salvador, porque ofrece más estabilidad y es más fácil de controlar”.
Agentes especiales de la DEA empezaron a detectar a oficiales militares guatemaltecos implicados en el narcotráfico en 1986, según documentos de la agencia obtenidos apelando a la Ley de Libertad de Información. Eso ocurrió cuando Ortega Menaldo designó a Callejas y Callejas como jefe de inteligencia militar. Durante los siguientes nueve años, de acuerdo con los mismos documentos, los agentes detectaron a no menos de 31 oficiales activos también involucrados.
“Todos los caminos conducen a Ortega”, dijo recientemente un experto estadounidense del combate contra el narcotráfico. “Aun oficiales activos pueden tener otros nexos con oficiales retirados. Tienen una relación de maestro-aprendiz”.
Informes de inteligencia de Estados Unidos revelan los fuertes lazos que oficiales de la cofradía cultivaban con muchos subordinados, a quienes se conoce como “los operadores”. “Esta columna vertical de oficiales de inteligencia, de capitanes a generales, representa la red interna de lealtades más fuerte de la institución”, se lee en el cable de la DIA de 1991. “Otros oficiales capaces eran escogidos en todos los niveles para que participaran en operaciones clave y en comando de tropas”, continúa el informe. “Aunque no con nexos tan fuertes como en el caso de la cofradía, los ‘operadores’ desarrollaron su propia red vertical de reconocimiento de líderes-subordinados, relaciones y lealtades, y actualmente son considerados una columna vertical de lealtades de oficiales separada y diferente”.
Los oficiales de la cofradía extendieron su influencia aún más, según otro cable de inteligencia de Estados Unidos, como lo demuestra el hecho que “operadores” oficiales de nivel medio reclutaron a civiles locales como “comisionados militares para que fueran los ‘ojos y oídos’ del ejército”.
Pocos casos criminales demuestran mejor la integración de jefes de inteligencia guatemaltecos con el narcotráfico que uno investigado en 1990 por agentes especiales de la DEA en las calientes planicies del oriente de Guatemala, cerca de la costa caribeña. Por ese caso, de hace quince años, fue que por última vez un guatemalteco acusado de estar involucrado en el narcotráfico fue extraditado a Estados Unidos.
Arnoldo Vargas Estrada, alias “Archie”, fue durante mucho tiempo un “comisionado militar”, y el alcalde electo de la ciudad más grande de Zacapa. Funcionarios de la embajada de Estados Unidos informaron (como es requerido según un protocolo diplomático de los dos países) a la inteligencia militar guatemalteca, entonces dirigida por Ortega Menaldo, que agentes especiales de la DEA observaban al alcalde.
Vargas y otros dos civiles sospechosos fueron entonces arrestados en Guatemala con el apoyo de la DEA. No mucho tiempo después, los tres fueron extraditados a Nueva York, donde fueron procesados y condenados con base en las evidencias proporcionadas por la DEA. Sin embargo, la DEA no hizo algo en Guatemala cuando, poco después de los arrestos, los militares simplemente trasladaron la misma estructura de tráfico de drogas a un área rural lejos de la ciudad, según afirmaron finqueros en una solicitud entregada a la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Guatemala, en 1992, y dirigida simplemente a “Señores D.E.A.”.
“Antes del amanecer, una de las avionetas que transporta cocaína se estrelló porque no pudo llegar a la pista de la finca Rancho Maya”, se afirma en el documento que los campesinos firmaron o en el que imprimieron sus huellas digitales. El documento contiene los nombres de comisionados militares y de siete oficiales locales, entre ellos cuatro coroneles que supervisaban a los finqueros.
Uno de los comisionados militares que los campesinos mencionaron fue el propietario de la finca Rancho Maya, Byron Berganza. Más de una década después, en 2004, agentes especiales de la DEA finalmente arrestaron a Berganza, junto a otro civil guatemalteco, en la ciudad de Nueva York, bajo cargos de “conspiración para la importación de narcóticos”. El año pasado, en la ciudad de México, la DEA también colaboró en el arresto de otro guatemalteco, Otto Herrera. El entonces procurador general estadounidense, John Ashcroft, describió a Herrera como uno de “los narcotráficantes y lavadores de dinero más importantes del mundo”.
Sin embargo, no mucho tiempo después de su arresto, Herrera logró escapara de una cárcel de la ciudad de México. Ninguno de los oficiales militares mencionados por los finqueros en su solicitud de 1992 fue procesado. Como explicó el funcionario de la DEA Glaspy, “Hay una diferencia entre recibir información y poder procesar a alguien”.
En 2002, el entonces presidente de la Subcomisión del Hemisferio Occidental, Cass Ballenger, forzó a la administración Bush a actuar limitadamente para castigar a altos oficiales militares guatemaltecos supuestamente involucrados en el narcotráfico. “La visa del ex jefe de inteligencia guatemalteco Francisco Ortega Menaldo fue revocada”, confirmó el vocero del Departamento de Estado, Richard A. Boucher, en marzo de 2002, “con base en una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad relacionada con el narcotráfico, y eso es todo lo que puedo decir sobre la decisión”.
Para entonces, el general retirado Ortega Menaldo ya había rechazado los cargos de narcotráfico hechos por Estados Unidos, mientras recordaba a reporteros en la ciudad de Guatemala que el colaboró con la CIA y la DEA en los ’80. En efecto, el Consejo de Fiscalización de la Casa Blanca confirmó que cuando menos la CIA y la DEA mantuvieron una relación de intercambio de información con la inteligencia militar de Guatemala a fines de los ’80 y a principios de los ’90, cuando era dirigida por el coronel Ortega Menaldo.
La CIA, por medio del vocero Mark Mansfield, declinó hacer comentarios para este artículo.
Ocho meses después de revocar la visa de Ortega Menaldo, la administración Bush de nuevo argumentó sospechas de involucramiento en el narcotráfico para revocar la de otro ex jefe de inteligencia guatemalteco, el general retirado Callejas y Callejas. Pero después que la noticia fue publicada en la prensa guatemalteca, este oficial de la cofradía nunca respondió públicamente, como lo hizo Ortega Menaldo, ante la acusación.
En lugar de enfrentar la impunidad que permite que oficiales militares guatemaltecos trafiquen drogas, muchos de los funcionarios electos parecen marchar en la dirección contraria. No mucho tiempo después que la administración Bush señaló a los dos ex jefes de inteligencia pertenecientes a la cofradía como sospechosos de ser narcotraficantes, miembros del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido fundado por otro general del ejército retirado, presentaron propuestas de reformas legales para que jueces civiles no conocieran casos de militares acusados de delitos.
Durante el periodo de la Guerra Fría, el sistema de justicia guatemalteco raramente tuvo la oportunidad de procesar a oficiales por cualquier tipo de delito, porque eran llevados ante tribunales militares. En los ’90, las cortes civiles empezaron a intentar ejercer su autoridad sobre oficiales militares acusados de estar involucrados en el narcotráfico. Sin embargo, la legislación propuesta estipulaba que cualquier oficial, activo o retirado, sólo podría ser procesado en un tribunal militar, independientemente del delito del que se le acusara. Una corte marcial normalmente está reservada para delitos supuestamente cometidos por personal militar durante su servicio. Si las reformas fuesen aprobadas, aseguraría que oficiales acusados de cualquier delito, desde asesinato hasta narcotráfico, pudieran nuevamente ser procesados únicamente por militares. “Esto sería un nuevo mecanismo de impunidad”, señaló José Zeitune, de la Comisión Internacional de Juristas -que tiene su sede en Ginebra- y autor de un informe sobre la justicia guatemalteca presentado en 2005.
Como presidente de la Subcomisión del Hemisferio Occidental, Ballenger acusó al FRG, que goza de la pluralidad del Congreso guatemalteco, de corrupción por drogas. El FRG fue fundado por el general retirado Efraín Ríos Montt, un personaje controversial que en 1982 organizó un golpe de Estado para convertirse en presidente de Guatemala precisamente cuando los oficiales de inteligencia de la cofradía estaban tomando fuerza.
El nuevo vicepresidente de la subcomisión es Jerry Weller III, un republicano de Illinois, que recientemente se casó con Zury Ríos Sosa, la hija del general retirado. A diferencia de otros miembros de la subcomisión, Weller, por medio de su vocero, Telly Lovelace, declinó hacer un comentario para este artículo.
El suegro del congresista Weller preparó al anterior presidente de Guatemala, un miembro del FRG llamado Alfonso Portillo, quien salió de ese país en 2004 para evitar ser arrestado por una acusación de lavado de dinero, de acuerdo con un informe del Departamento de Estado. Durante la gestión de Portillo, uno de sus más cercanos colaboradores en el Palacio Nacional fue el cofundador de la cofradía Ortega Menaldo, según la prensa guatemalteca.
Hoy las oscuras estructuras de la jefatura de la inteligencia guatemalteca están tan implicadas en el crimen organizado que la administración Bush, por una vez, ya está recurriendo a las Naciones Unidas. Haciendo a un lado sus comunes críticas al organismo internacional, ese gobierno apoya una propuesta para la integración en Guatemala de una fuerza de tarea dirigida por Naciones Unidas, llamada explícitamente “Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad”. Hasta ahora, el único país que ha doblegado su soberanía para permitir a las Naciones Unidas un papel similar es Líbano, donde investigadores de Naciones Unidas buscan esclarecer el asesinato de un ex primer ministro.
El plan para Guatemala propuesto por Naciones Unidas también tiene el respaldo del presidente Óscar Berger, un terrateniente rico y abogado respetado por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la comisión propuesta por Naciones Unidas está encontrando resistencia de parte de políticos del FRG, como la esposa de Weller, Ríos Sosa, diputada al Congreso de Guatemala.
¿Y qué están haciendo los funcionarios estadounidenses y las autoridades de Guatemala para detener a los oficiales militares involucrados en el narcotráfico?
“Actualmente hay investigaciones sobre la corrupción de autoridades guatemaltecas del ejército y otras”, dijo este año el entonces secretario asistente Robert B. Charles en una conferencia de prensa dada en el Departamento de Estado. Sin embargo, ningún oficial ha sido acusado ni en Guatemala ni en Estados Unidos.
Más problemático es un caso reciente en el que están involucrados soldados mexicanos convertidos en delincuentes, los Zetas. El 22 de octubre, siete miembros de los Zetas fueron arrestados en una ciudad fronteriza de Guatemala con armas y cocaína. La Associated Press reportó que, de acuerdo con autoridades de Guatemala los Zetas fueron a ese país para vengar la muerte de uno de sus compañeros. A pesar de la evidencia que había contra ellos, poco después de una semana desde su arresto las autoridades los dejaron libres.
Frank Smyth es un periodista independiente que ha escrito sobre el narcotráfico en Guatemala desde 1991, en The Progresive, The Sacramento Bee, The Washington Post, The Village Voice , The New Republic, salon.com y The Wall Street Journal, entre otros medios. Ha sido un corresponsal especial de The Fort Worth Star-Telegram y de The Economist. Es colaborador de Crimes of War: What The Public Should Know, editado por Roy Gutman y David Rieff. Sus reportajes son publicados en https://franksmyth.com y su dirección de correo electrónico es smyth.frank@gmail.com.