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El congresista y la hija del dictador

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http://www.raices.com.sv/Poder/detalles.asp?NewsID=796

Jerry Weller buscaba por sexta vez una silla en el congreso por el estado de Illinois, cuando en Julio del 2004 anunció que estaba comprometido con Zury Ríos Sosa, una dura diputada del congreso guatemalteco e hija del conocido dictador, (general) Efraín Ríos Montt.

“Estoy feliz de haber encontrado a mi mejor amiga y alma gemela. Nuestro amor no conoce fronteras”, dijo Weller por medio de un comunicado de prensa. Y en el mismo comunicado, Zury también afirmaba: “Junto a Jerry, estoy comenzado una nueva primavera. Lo que admiro en su persona, es su responsabilidad, su entrega y su honestidad”.

Pero a pesar de su mutuo entendimiento, el anuncio del compromiso levanto una bandera roja: Jerry Weller, además de ser el primer congresista estadounidense en contraer nupcias con una miembro de un congreso nacional en el extranjero, también era miembro del Comité de Asuntos Internacionales, y la interrogante entonces fue la siguiente: Los votos dentro de sus dos puestos, se verían acaso influenciados por Zury?.

En Julio 12 de ese año, el editorial del Chicago Sun-Times aseveraba que el matrimonio “tiene el problema de la imagen que se estaría proyectando al resto de nuestros vecinos latinoamericanos, quienes fuera de la preocupación que la influencia de una esposa pueda ejercer sobre un miembro del Comité, ya de por si son unos grandes críticos de nuestras políticas”.

Y para agregar, al siguiente día, el Bloomington Pantagraph, el periódico mas grande en el distrito de Weller, publicó un editorial que decía que “en cualquier momento en que un congresista de los Estados Unidos con acceso y manejo de información confidencial e íntimamente involucrado con una figura clave dentro de una legislatura extranjera, cuyo padre ha sido acusado de genocidio, es algo de que preocuparse. Hay ciertas fronteras que un congresista debe de marcar en nombre de la seguridad de los Estados Unidos. No podemos decir que Weller ha cruzado esa línea, pero ciertamente anda de puntillas sobre ella”.

The Chicago Sun-Times sugirió que Weller, un republicano, mejor renunciara a su puesto dentro del Comité, mientras que su oponente en la carrera por la legislatura, Tari Renner, también le sugería lo mismo. Telly Lovelace, el portavoz de Weller, tuvo que decir al Pantagraph que el congresista no tenia intenciones de renunciar: “Si obviamente hay un conflicto, el congresista Weller hará lo que es apropiado”.

Los compromisos del congresista

En agosto del 2004, Weller se reunió con la junta editorial del Pantagraph, quienes sin citar directamente al congresista, afirmaron que éste les dijo que “se abstendría de legislar, específicamente en cuestiones relacionadas con Guatemala.

Lisa Haugaard, la directora ejecutiva del organismo sin afinidad política, Latin America Working Group, en Washington D.C., dijo para esa ocasión que la declaración del congresista “era moderadamente sin valor”, ya que según explico, cualquier asunto relacionado con Guatemala de seguro sería parte de una legislación mucho mas extensa. Weller tuvo entonces que acudir por asesoría al comité de ética, el cual, según The Associated Press, le comunicó que como congresista “tenia una obligación de votar sobre proyectos de ley, a menos que no tuviera un interés directo sobre el resultado”. Exactamente una norma no muy clara.

Y ahora, dos años después, Jerry Weller de 49 años y Zury Sosa de 38, están casados y tienen un hijo. Weller planea reelegirse en Noviembre y Zury todavía es una líder en el congreso guatemalteco por el FRG (Frente Revolucionario Guatemalteco) y con un puesto en el comité de relaciones internacionales, similar al comité de Weller. Dentro del FRG, fundado en 1989 por su padre, Zury es la segunda persona con más poder, y aunque hasta ahora nadie la acusado directamente, su partido está plagado con acusaciones de corrupción, lavado de dinero y ayudar a narcotraficantes. De alguna manera, su figura mejor ha servido para limpiar la imagen de su partido a través de la promoción de leyes en contra de la discriminación de las mujeres y personas con SIDA, así como en la protección de menores por medio de la regulación de publicidad de alcohol y tabaco. Además de esto , la congresista también ha promovido leyes que buscan disminuir el apoyo financiero que grupos terroristas puedan tener y controlar el contrabando, medidas que en cierta medida le han ayudado a las autoridades de Guatemala a embargar bienes tales como barcos y aviones de algunos narcotraficantes que huyen de la ley.

Lo que Weller se calla

En el 2005, Weller se convirtió en el vicepresidente del “Hemisphere Subcommitte”, el comité mas importante en el congreso estadounidense que tiene dentro de sus funciones el legislar sobre Latino América y “la guerra contra las drogas”, y la supervisión de esa política. “El subcomité (“Hemisphere Subcomitee”), es uno de los únicos que supervisa la política antidrogas de Estados Unidos, el más importante en crear esa política, además de tener una gran influencia”, dice Adam Isacson del grupo de monitoreo, “Center for International Policy”.

Los 16 miembros del subcomité también se enfocan sobre asuntos comerciales y la democracia en la región latinoamericana. Weller usualmente habla acerca de estos asuntos en lo que concierne al Caribe y Latino América, excepto Guatemala, y esto a pesar de que Guatemala tiene una población de 12 millones, un tercio de toda la población de Centro América. Weller por ejemplo, votó a favor de CAFTA, cuyo arreglo incluye a Guatemala, pero nunca habla específicamente de las posibilidades comerciales de la nación, así como tampoco habla de su democracia, la cual es muy frágil, y mucho menos tampoco habla acerca del lavado de dinero y el narcotráfico en Guatemala, a pesar del hecho de que un 70 por ciento de la droga que entra a Estados Unidos pasa por Guatemala, lo cual viene a levantar las dudas acerca de que si Weller está haciendo todo lo necesario para atender las preocupaciones de sus constituyentes.

La historia de Guatemala y Ríos Montt

En 2003, año en que Weller conoció a Zury, el FRG controlaba Guatemala, siendo presidente de la república para ese entonces, Alfonso Portillo, un claro aliado dentro de las filas “eferregistas” de Ríos Montt, el padre Zury. Las relaciones con los Estados Unidos estaban por el suelo para esos días, como ya lo vislumbraba una declaración en Octubre del 2002 del Asistente del Secretario de Estado, Otto Reich, dirigida al Subcomité, y que afirmaba: “Bajo todas las consideraciones, la corrupción está desenfrenada. El crimen organizado, en particular el tráfico de narcóticos y de ilegales, están creciendo, y Guatemala se ha convertido en la nación con más tránsito de drogas, y sin embargo las capturas e incautaciones han bajado. Pocas figuras de alto nivel son acusadas o formalmente investigadas por corrupción y llevadas a juicio. Grandes cantidades de cocaína pasan por Guatemala con gran impunidad y los traficantes tienen buenas conexiones con figuras de alto nivel del gobierno”. Al siguiente mes, la administración Bush avergonzó al gobierno Guatemala al negarle la visa al ex jefe de inteligencia tras acusarlo de narcotraficante, y luego en Enero del 2003, volvió a avergonzar a Guatemala al sacarla de la lista de países cooperantes en la lucha contra las drogas, siendo la primera vez que Guatemala fracasaba en ser parte de la lista y también la primera vez en ser “desertificada” junto a Haití y Myanmar, desde que en 1987 Los Estados Unidos iniciaran sus anuales evaluaciones.

Unos meses más tarde el diario Los Angeles Times reportó que el Departamento de Estado estimaba que unas 200 toneladas habían pasado por Guatemala en el 2002 (el triple al compararse con la década anterior) y que los incautamientos de cargamentos de cocaína habían bajado de 10 toneladas en 1999 a menos que tres: “El flujo ha convertido partes de Guatemala en zonas sin ley, cuyo tránsito es controlada por poderosos carteles de familias locales. Ahora, tanto oficiales antidrogas de Guatemala como de Estados Unidos, consideran que los traficantes colombianos han consolidado sus operaciones en Guatemala con la cooperación de actuales y ex funcionarios de gobierno”. Los Angeles Times citaron para ese entonces a un ex aliado de Ríos Montt que corría por en su contra durante las elecciones de Noviembre: “Si no nos cuidamos, nos vamos a convertir en otra Colombia. Lo que ha pasado aquí es que los narcotraficantes han infiltrado tanto el gobierno como al ejército”.

En mayo, el FRG había nombrado a Ríos Montt como su candidato a la presidencia en las elecciones de Noviembre. La posición de los Estados Unidos ante el hecho, a pesar de subestimada y diplomática, fue bien clara: “Tenemos esperanzas en nuestra capacidad de por trabajar, así como la de tener una relación tanto normal y amigable, con quien quiera que resulte ser el nuevo presidente de Guatemala……..Realmente, y a la luz de los antecedentes que rodean al señor Ríos Montt, sería un tanto difícil el tener tipo relación que deseamos”. Ríos Montt ya había sido presidente en 1982 gracias a un golpe militar. El ejército guatemalteco para ese año, estaba en guerra con la guerrilla izquierdista, a quienes venían combatiendo desde 1960. La guerra al fin finalizó en 1996 con un saldo final que se estima en 200,000 muertos, de los cuales, arriba de 70,000, fallecieron durante los 17 meses en que el General Ríos Montt estuvo en el poder cuando otro golpe militar lo despojara de la presidencia. Según la Comisión de la Verdad, los militares fueron los responsables de un 90 por ciento de la violencia. Montt intentó ser presidente en 1990, pero la constitución aprobada en 1985 prohibía a lideres de golpes de estado el ser candidatos a la presidencia. Cuatro años después (1994) ganó un puesto en el congreso, y en el mismo año trato de nuevo de nominarse candidato a la presidencia, pero las cortes del país le prohibieron proseguir. No fue sino hasta el 2003 cuando la obscura personalidad del General volvió a resurgir como candidato nuevamente.

La carrera política de Zury y la boda

Zury Ríos Sosa empezó su carrera política en 1989 haciendo relaciones públicas para el FRG y por primera vez fue elegida para el congreso durante la plataforma del partido en 1995. En el 2003 volvió a reelegirse para el puesto al mismo tiempo que dirigía la campaña de su padre, y en la que regularmente surgió como su principal apoyo afirmando que Guatemala necesitaba “una mano dura” y refiriéndose a él como su “inspiración”. Hasta ahora no se ha distanciado del sombrío récord de su padre, y tampoco ha denunciado los asesinatos cometidos durante su presidencia a principios de los 80s. Pero a mediados de Julio, una corte constitucional determinó que el General si podía ser candidato, afirmando que la ley contra los ex golpistas no podía ser aplicado retroactivamente. La Suprema Corte dijo que quería revisar el asunto, y el 24 de Julio, miles de seguidores de Ríos Montt se lanzaron a las calles armados con machetes y garrotes, procediendo a quemar vehículos, la quiebra de vidrios y rodearon edificios de la corte y la embajada estadounidense. Un reportero de la televisión local murió de un infarto cuando huía de una turba de seguidores de Ríos Montt que querían bañarlo con gasolina y quemarlo. Las violentas acciones parecían estar coordinadas y por horas ni la policía y ni los militares intervinieron. El Departamento de Estado acusó al FRG con proveer de tiendas de campañas y mercancías a sus simpatizantes, muchos de los cuales habían sido transportados la noche anterior por medio de buses. Delegados del FRG fueron fotografiados en medio de la muchedumbre, mientras que otras personas dijeron a algunos reporteros que Zury Sosa se encontraba con los manifestantes portando un “walkie-talkie”.

Unos días después, un periodista de Prensa Libre le preguntó a Zury:

–Periodista: Están los que dicen que usted fue la cerebro de los disturbios?.

–Zury: Quienes dicen eso?

–Periodista: “Unos analistas, y el día de ayer algunos medios publicaron sus puntos de vista”.

–Zury: “Por el momento no tengo ningún comentario”.

–Periodista: “Y en lo que respecta a los delegados del FRG que están involucrados y cuyas fotos han sido publicadas?”

–Zury: “No tengo ningún comentario”.

Cuando el reportero le pregunto de nuevo de que si era importante de que los guatemaltecos supieran la verdad sobre quienes habían sido los responsables de la violencia, ella le respondió: “ Cada día miles de personas mueren por causa del SIDA y tenemos 13 millones de huérfanos en el mundo. Eso es lo que realmente me preocupa”.

Dos semanas después, Jerry Weller arribó a Guatemala junto a otros tres miembros del Comité de Relaciones Internacionales (International Relations Comitte) para discutir sobre asuntos de comercio y el tráfico de drogas, y tuvo la oportunidad de conocer a Sosa por primera vez durante una recepción. “Desde el momento en que la vi, supe que había encontrado a la mujer más increíble”, afirmó Weller a los periodistas. Según se afirma, Weller le confió su personal intereses al embajador estadounidense, y al siguiente día, durante una cena patrocinada por el Comité de Relaciones Internaciones del congreso de Guatemala, del cual Zury era miembro, se vio sentado a la par de ella.

Weller describió su encuentro a la par de Zury como una cosa de gran suerte, pero según un funcionario de la embajada que estaba sentado en la misma afirma, “ello lo arregló así”.

En noviembre, mientras Jerry Weller y Zury Sosa se cortejaban a larga distancia, ella resultaba reelecta , y su padre, cuyo derecho a participar por la presidencia había sido reafirmado por una corte constitucional, conseguía menos del 17 por ciento , afirmándose que la violencia ocasionada por la turba le hizo perder las elecciones. Una coalición de partidos opuestos al FRG había ganado la presidencia y controlaba el congreso, y el FRG pasaba a convertirse en el más grande partido en la oposición.

Al siguiente Verano, Weller anunciaba su compromiso con Sosa y su portavoz confirmaba que sería el segundo matrimonio para ambos, pero no fue muy claro si Weller en realidad sabía que en lo que a Sosa concernía, se trataba de su cuarto matrimonio. De cualquier forma, un día después de que anunciaran su compromiso, los dos enviaron una petición a la Comisión Federal de Elección (Federal Election Comitte), preguntando si Zury (quién no tenía ninguna intención por abandonar su puesto, o de no buscar una ciudadanía o residencia permanente), podía tomar decisiones durante la campaña de reelección de Weller, así como el de solicitarle fondos y hablar en su favor.

La comisión les respondió que la ley prohibía a los extranjeros el donar fondos y participar en la toma de decisiones relacionadas con elecciones en Estados Unidos, pero que si ella trabajaba como voluntaria, sí podía entonces hacer discursos y solicitar fondos de ciudadanos estadounidenses y no otros.

Weller ganó en Noviembre del 2004 y luego viajó a Guatemala a contraer nupcias con Zury, y la boda se llevo a cabo en una villa de su padre en las afueras de la capital. Su padre estaba bajo arresto domiciliar acusado de incitar los disturbios de Julio, pero un juez le dio permiso de asistir a la ceremonia. Ríos Montt quedó libre de estos cargos el pasado Enero de este año, pero en Julio también del 2006, un juez español lo acusó de presuntos crímenes que datan desde los 80s, entre los que se incluye el genocidio.

Mientras tanto, Alfonso Portillo, después de huir del país, continua bajo investigación por cargos de enriquecimiento ilícito y altos miembros de su gobierno han sido encarcelados por cargos de corrupción.

Los pecados del congresista

Dos meses después de su matrimonio, Weller ignoró todos los llamados para que renunciara, y se convirtió en el presidente del “Western Hemisphere Subcommitte” . Y no es que no tenga otros intereses. Weller también es miembro “The International Relations Committee’s terrorism and nonproliferation subcommittee. Y su récord, del cual se encuentra muy orgulloso, abarca desde la abolición del ‘marriage-tax penalti (un tax impuesto a parejas estadounidenses que ganan casi un mismo salario), la redesarrollar el “Joliet Arsenal”, fundar clínicas para veteranos, y ejercer presión política para expandir el uso de combustibles alternativos.

En el 2004, Weller hizo pública una declaración diciendo que quería permanecer dentro del “Western Hemisphere Committe”, “para enfocarse en asuntos del narcotráfico y la aplicación internacional de la ley”, y su página web asevera que “El ha tomado un rol muy activo junto a agencias estadounidenses en el combate contra el narcotráfico”.

Sin embargo, Weller parece determinado a actuar como si Guatemala no existiera. En Enero del 2005 por ejemplo, el lideró una de delegación de nuevo personas a Colombia, Panama y Honduras, para discutir tratados comerciales y narcotráfico, y dijo “que el 90{2ef06ca992448c50a258763a7da34b197719f7cbe0b72ffbdc84f980e5f312af} de la cocaina, asi como la mitad de la heroína que llega a Illinois, proviene de Colombia y la región andina”. No mencionó a Guatemala, y esto a pesar de que funcionarios de la administración Bush dicen que la mayoria de la droga pasa por la nación centroamericana. Y en Mayo del 2005 ni siquiera hizo de la cuestión de las drogas en Guatemala, un asunto de importancia, y esto a pesar también de que en ese periodo habló sobre el problema de las drogas en términos generales: “Tenemos una tremenda preocupación acerca del narcotráfico a través de la región”.

Y no es como si el problema de las drogas en Guatemala haya desaparecido. En Septiembre del 2003 se puso de nuevo a Guatemala en la lista del Departamento de Estados de países que colaboran en la lucha contra las drogas, y el Ministro de Gobernación, Carlos Vielman dijo a Reuters “que podemos ver efectos similares en Guatemala como los que se dieron en Colombia desde 1985 a 1990”. Y el pasado otoño, el funcionario de la DEA, Michael O’Brien dijo algo similar: “Si ellos no cambian las cosas de cómo están, podrían llegar a tener una mini-Colombia”, y agregando que lo que Guatemala necesita son leyes fuertes contra el crimen organizado. Y el jefe del DEA, Michael Braun, dijo al Subcomité “que Guatemala es un gran punto de trasiego y sirve de gran bodega para almacenar todo la droga proveniente de Sur América en ruta a los Estados Unidos”. El reporte anual del Departamento de Estado en el 2006 afirmaba “que grandes envíos de droga continúan moviéndose a través de Guatemala por aire, tierra y mar”.

En Marzo de este año, durante una reunión del miembros del Subcomité, Weller dijo a funcionarios de la administración Bush, de que esperaban que se enfocaran sobre los problemas de corrupción en Venezuela, pero no ha hablado de la corrupción en Guatemala. Denunció a Venezuela por “albergar a grupos terroristas colombianos” que han asesinado a jueces, pero no denunció a Guatemala a pesar de que allí también se han asesinado a jueces y a funcionarios democráticamente electos. En esta primavera, uno de los lideres en el apoyo por una legislación para combatir el crimen organizado, Mario Pivaral, fue asesinado fuera del edificio del congreso. En Julio de este año, el congreso pasó la primera ley de la nación específicamente para el combate contra el crimen organizado y que permite monitorear las llamadas de sospechosos y desplegar agentes encubiertos.

Una minuciosa búsqueda “online” de récords del congreso y de reportes noticiosos durante los últimos tres años, dan casi nada de cosas que públicamente Weller pudo haber dicho acerca de Guatemala. Solo aparece citado en una comunicado de prensa que su esposa distribuyó en español y que dice: “Soy un republicano y creo que nuestros dos países deben trabajar juntos”. Weller no quiso hacer comentario alguno para este artículo, y en Enero del 2006 un reportero de la AP se quejó escribiendo de que “Weller rehusó repetidas solicitudes el impacto de su matrimonio en el congreso”. Otros miembros del Subcomité (“Western Hemisphere Comitte”), comentan acerca de Guatemala, incluyendo al congresista republicano Dan Burton, y quien el año pasado denunciara la “mafiosa justicia” del país.

Jerry Weller incluso piensa de que ni siquiera debería hablar acerca de las cosas buenas que han pasado en Guatemala, como lo es la legislación antiterrorista, y que su misma esposa ha promovido. “Hay algunas cosas positivas en el hemisferio. Algunos países como Panamá, Trinidad y Tobago, Jamaica, México y El Salvador, han hecho grandes esfuerzos de prevención y preparación en contra del terrorismo”, dijo Weller durante un testimonio del Subcomité. Pero sin embargo no dijo ni siquiera una palabra acerca de Guatemala, y esto que Guatemala se encuentra entre México y El Salvador.

Carlos Gómez de la Fundación por los Derechos Humanos de Guatemala basada en Chicago, afirma que el silencio de Weller le hace tanto daño a Estados Unidos como a Guatemala. “Si el Sr. Weller no tuviera una relación con Zury, estaría trabajando en contra del narcotráfico y el crimen organizado en Guatemala. Fue el FRG quién le abrió las puertas al narcotráfico y el crimen organizado en Guatemala, así que no puede atacar al mismo partido al que pertenece su esposa”, dijo Gómez.

Como cualquier político, Weller deberia de saber que no importa que tan confiado se sienta de servirle a sus constituyentes. Las apariencias cuentan y el silencio no ayuda.

** Este articulo fue publicado simultáneamente en el Chicago Reader**

Frank Smyth, un periodista con experiencia internacional en temas del narcotráfico y la guerra en Iraq, cubrió la guerra civil salvadoreña y es colaborador de Raíces. Traducción libre por Alex Renderos, miembro del equipo editor de Raíces.

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Friday, September 01, 2006

The Congressman and the Dictator’s Daughter

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Jerry Weller was running for his sixth term as congressman from Illinois’ 11th District in July 2004 when he announced that he was engaged to Zury Rios Sosa, an outspoken third-term legislator in Guatemala’s congress and the daughter of former dictator General Efrain Rios Montt. “I am thrilled to have found my best friend and soulmate,” Weller stated in a press release. “Our love knows no boundaries.” In the same release Sosa said, “With Jerry, I am starting an eternal springtime. I admire his character, his commitment to his responsibilities, and his honesty.”

Their mutual admiration notwithstanding, the announcement raised a red flag. Weller, who would be the first congressman ever to marry a member of a foreign national legislature, sat on the International Relations Committee and its western hemisphere subcommittee–would his votes be influenced by Sosa?

In a July 12 editorial the Chicago Sun-Times said, “The problem is the image it conveys to our Latin American neighbors, who are critical enough of our policies without concerns about how a vote might have been influenced by a committee member’s wife.” The following day the Bloomington Pantagraph, the biggest paper in Weller’s district, ran an editorial that said, “Any time an elected U.S. representative privy to confidential information is intimately involved with a central figure in a foreign government–and one whose father has been accused of genocide within that country–there should be concern. . . . There are some boundaries that elected representatives have to draw in the name of U.S. security. We can’t say Weller has crossed that line, but he’s sure tiptoeing down it.”

The Sun-Times suggested that Weller, a Republican whose district includes parts of the south suburbs, resign from the committee. His opponent in the congressional race, Tari Renner, also called on him to give up the post. Weller’s spokesman, Telly Lovelace, told the Pantagraph the congressman had no intention of resigning. “If there is any obvious conflict,” Lovelace said, “Congressman Weller will do what’s appropriate.”

In late August 2004, Weller met with members of the Pantagraph’s editorial board; without quoting him directly, the paper said he’d told them he would “recuse himself from legislation . . . specific to Guatemala.” Lisa Haugaard, executive director of the nonpartisan Latin America Working Group in Washington, D.C., says that’s a “fairly meaningless statement,” explaining that any Guatemalan issue would almost surely be part of broader legislation. Weller also went to the House ethics committee for advice. According to the Associated Press, committee members told him he had “a duty to vote on bills unless he had a direct interest in the outcome”–not exactly a clear standard.

Two years later, Weller, who’s 49, and Sosa, who’s 38, are married and just had their first child. Weller is up for reelection in November. Sosa is still a leading member of Guatemala’s single-house, 158-member congress, and until earlier this year she sat on its foreign affairs committee, the counterpart to Weller’s committee. She’s the second most powerful person in her party, the Guatemalan Republican Front, or FRG, which was founded in 1989 by her father and is still led by him. It’s been plagued by accusations of corruption, money laundering, and helping drug traffickers, though no one’s accused her personally of any of those things. In many ways she’s the clean face of her party, having sponsored legislation to protect women and people with AIDS from discrimination and to protect children by regulating the advertising of tobacco and alcohol. She’s also sponsored legislation to curtail the financing of terrorists and to curb smuggling, allowing Guatemalan authorities to seize assets such as trucks, boats, and planes from drug runners.

In January 2005, Weller became vice chairman of the Subcommittee on the Western Hemisphere subcommittee, by far the most important committee in Congress writing legislation on Latin America and the war on drugs and overseeing U.S. policy on those issues. “The western hemisphere subcommittee has been one of the only ones overseeing U.S. drug policy, and it has been the main one making U.S. drug policy,” says Adam Isacson of the watchdog group Center for International Policy. “It has huge influence.” The 16-member committee also focuses on trade and democracy in the region.

Weller often talks about these issues as they relate to Caribbean and Latin American countries–but not Guatemala, even though it has 12.7 million people, a third of the population of Central America. He voted for CAFTA, the free-trade agreement that includes Guatemala, but he doesn’t talk about specific trade possibilities with that country. He also doesn’t talk about democracy in Guatemala, which is fragile at best, and he doesn’t talk about money laundering or drug trafficking there, even though up to 70 percent of the drugs that enter the U.S. come through Guatemala. All of which raises questions about whether he’s doing everything he can to address the concerns of his constituents. He’s painted himself into a corner, and he seems to be making no effort to get out.

In 2003, the year Weller met Sosa, Guatemala was controlled by the FRG, and the nation’s president was her father’s handpicked FRG ally, Alfonso Portillo. Relations with the U.S. had sunk to their lowest in years. “By all accounts corruption continues to run rampant in Guatemala,” Otto Reich, an assistant secretary of state, had told the western hemisphere subcommittee in October 2002. “Organized crime, in particular narcotics trafficking and alien smuggling, is increasing. Guatemala is a major and growing transit country for narcotics, yet seizures have dropped to practically nothing. . . . Few high-level figures are ever charged or even formally investigated for corruption, and fewer go to trial.” Reich also stated that “large amounts of cocaine are being transshipped through Guatemala with almost complete impunity” and noted that narcotics smugglers had “very close ties to the highest levels of government.” The following month the Bush administration embarrassed Guatemala by denying a former intelligence chief a visa and accusing him of drug trafficking.

In January 2003, the Bush administration embarrassed Guatemala again by dropping it from the State Department’s list of countries seen as cooperating in the fight against drug trafficking. It was the first time Guatemala had failed to make the list since the U.S. began doing annual evaluations in 1987, and it was one of only three countries decertified, the others being Haiti and Myanmar.

A few months later, the Los Angeles Times reported that State Department officials estimated 220 tons of cocaine had been shipped through Guatemala in 2002–triple the amount of a decade earlier and over two-thirds of the U.S. supply–and that seizures by the Guatemalan government had dropped from just under 10 tons in 1999 to less than 3 tons. The flow had “turned parts of Guatemala into lawless zones ruled by family-controlled transit cartels. . . . Now U.S. and Guatemalan anti-drug officials believe that Colombian drug traffickers have mostly consolidated their operations in Guatemala with the cooperation–or at least tolerance–of current and former Guatemalan government figures.” The Times quoted a former ally of General Rios Montt who was running against the FRG in the November election: “If we don’t watch out we could become another Colombia. What has happened here is that narco-traffickers have infiltrated the people in authority–both the army and the government.”

In May, the FRG nominated Rios Montt as its candidate for the presidency in the November elections. The U.S. view, though couched in understated diplomatese, was clear. “We would hope to be able to work with and have a normal, friendly relationship with whoever is the next president of Guatemala,” said the State Department’s Richard Boucher. “Realistically, in light of Mr. Rios Montt’s background, it would be difficult to have the kind of relationship that we would prefer.”

Rios Montt had been president before, having come to power in a military coup in 1982. The Guatemalan military was then at war with leftist rebels–they’d been fighting since 1960 and wouldn’t stop until 1996–and thousands of civilians were being murdered. During the war an estimated 200,000 people were killed, up to 70,000 of them during Rios Montt’s 17 months in office; he was overthrown in another coup. According to two truth commissions set up after the war, the military was responsible for over 90 percent of the violence. Rios Montt wanted to run again for president in 1990, but the constitution passed in 1985 barred former coup leaders from running. Four years later he ran for congress and won and was soon elected its head. When he tried to run for president that year the courts again barred him, but in 2003 he was back as a candidate.

Zury Rios Sosa, who’d started her political career in 1989 doing public relations for the FRG and was first elected to congress on the party’s slate in 1995, was running for reelection in 2003–and directing her father’s presidential campaign. She regularly stumped for him, saying Guatemala needed a “strong hand” and calling him her “inspiration.” (She hasn’t publicly distanced herself from his record or denounced the murders committed while he was president in the 80s.) In mid- July, the constitutional court ruled that this time Rios Montt could continue his campaign, saying the law against former coup leaders running couldn’t be applied retroactively. The country’s supreme court said it wanted to revisit the issue, and on July 24 thousands of his supporters, armed with clubs and machetes, poured into the streets of the capital, burning cars, smashing windows, and surrounding court buildings and the U.S. embassy. A TV reporter chased by Rios Montt supporters threatening to douse him with gasoline suffered a heart attack and died. The rioters’ actions seemed coordinated, and for hours neither the police nor the military intervened. The U.S. State Department accused the FRG of providing tents and other supplies to the demonstrators, many of whom had been bused in the night before.

FRG party delegates were photographed in the middle of the crowds, and some people told reporters they’d seen Sosa among the demonstrators with a walkietalkie. A few days later a Prensa Libre journalist asked her, “There are those who say you were the brains behind the disturbances. What do you say to that?”

“Who says that?” she said.

“Some analysts, and yesterday a morning daily published their views.”

“For the moment, I have no comment.”

“And with respect to the FRG party members involved and whose photographs have been published?”

“I don’t have any comment.” When the reporter asked if it was important that Guatemalans know who was responsible for the violence, she replied, “Every day thousands of people die of AIDS, and we have 13 million orphans in the world. This is what concerns me.”

Two weeks later, Jerry Weller arrived in Guatemala with three other members of the International Relations Committee to discuss trade and drug trafficking.

Weller saw Sosa for the first time at a reception the day he arrived. “From the moment I met her, I realized I had discovered the most incredible woman,” he later told journalists. He reportedly confided his interest to the U.S. ambassador, and the following evening he found himself sitting next to her at a state dinner sponsored by the Guatemalan congress’s foreign relations committee, of which she was a member. He later told Guatemalan reporters he saw it as luck, but an embassy official who was seated at the same table says, “She arranged it.”

In November, while she and Weller were courting long-distance, Sosa was reelected. Her father, whose right to run had been reaffirmed by the constitutional court a week after the July riots, got less than 17 percent of the vote, and the word was that the violence had cost him the election. A coalition of parties opposed to the FRG had won the presidency and now controlled the congress; the FRG had become Guatemala’s largest opposition party.

The following summer, Weller announced that he and Sosa were engaged. His spokesman said it would be the second marriage for both of them, and it’s not clear whether Weller knew this would actually be her fourth. At any rate, the day after they announced their engagement, they sent a petition to the Federal Election Commission asking if Sosa–who had no intention of resigning her seat, applying for U.S. citizenship, or becoming a permanent resident–could make decisions in Weller’s reelection campaign as well as solicit funds for him and speak on his behalf. The FEC said the law prohibited foreign nationals from donating funds or participating in decision making related to any U.S. election, but if she worked as a volunteer she could make speeches and ask for money, though only from Americans.

Weller won in November 2004, then flew to Guatemala, where he and Sosa were married in a villa her father owned outside the capital. Her father was under house arrest in the capital, charged with inciting the July riots, but a judge gave him permission to attend. (He was cleared of the charges this past January; in July a Spanish judge indicted him for alleged crimes, including genocide, dating back to the early 80s. Meanwhile Portillo, who remains under investigation on embezzlement charges, fled the country, and top officials from his administration were jailed on corruption charges.)

Two months after his marriage, Weller, ignoring calls for him to resign, became vice chairman of the Subcommittee on the Western Hemisphere. It’s not that he doesn’t have plenty of other interests. He’s also on the powerful Ways and Means Committee and on the International Relations Committee’s terrorism and nonproliferation subcommittee. His record, of which he’s proud, covers a wide range of issues, from eliminating the marriage-tax penalty to redeveloping the Joliet Arsenal, establishing health clinics for veterans, creating tax incentives for companies to clean up brown-field sites, and lobbying to expand the use of alternative fuels.

In 2004, Weller released a statement saying he wanted to stay on the Subcomittee on the Western Hemisphere “to focus on narcotics trafficking and international law enforcement,” and his Web site states that he “has taken an active role with U.S. government agencies in combating narco-trafficking.” Yet he seems determined to act as if Guatemala doesn’t exist. In January 2005, he led a nine-day delegation to Colombia, Panama, and Honduras to discuss trade and drug trafficking, during which he said, “Almost 90 percent of the cocaine and one half the heroin that comes into Illinois comes from Colombia and the Andean region.” He didn’t mention Guatemala, though Bush administration officials say most of those drugs passed through it. He didn’t make drugs in Guatemala an issue that May either, though he spoke about drugs in general terms: “We have tremendous concerns about narco-trafficking through the region.”

It’s not like the problem in Guatemala has gone away. In September 2003, the country was put back on the State Department’s list of countries cooperating with the U.S. on trafficking, but last fall its interior minister, Carlos Vielmann, told Reuters, “We can see the effects in Guatemala similar to what happened in Colombia from 1985 to 1990.” Also last fall Michael O’Brien of the U.S. Drug Enforcement Administration made a similar point. “If they don’t change things they could have a mini-Colombia,” he said, adding that what Guatemala needed was a tough law against organized crime. And DEA chief Michael Braun told the western hemisphere subcommittee, “Guatemala is a major transshipment and storage point for South American drugs en route to the United States.” The State Department’s 2006 annual report to Congress on the war on drugs says, “Large shipments of cocaine continue to move though Guatemala by air, road, and sea.”

This March at a subcommittee meeting, Weller told Bush administration officials he hoped they would focus on corruption in Venezuela, but he hasn’t talked about corruption in Guatemala. He denounced Venezuela for sheltering Colombian “terrorist groups” who’d assassinated judges and elected officials, but he didn’t denounce Guatemala, even though judges and elected officials there have been assassinated too. This spring, one of the leading delegates backing legislation to fight organized crime, Mario Pivaral, was assassinated outside the building where the congress meets. (In July the congress passed the nation’s first law that specifically fights organized crime, allowing the government to tap suspects’ phone calls and put law enforcement agents undercover.)

A thorough search of online congressional records and news reports over the past three years turns up almost nothing Weller’s said publicly about Guatemala. He is quoted in a press release his wife distributed in Spanish in Guatemala City, saying, “I am a Republican and we believe our countries must work together.” He wouldn’t comment for this story, and in a January 2006 article an AP writer complained, “Weller refused repeated requests to discuss his marriage’s impact on his work in Congress.” Other members of the western hemisphere subcommittee talk about Guatemala, including the Republican chair, Dan Burton, who last year denounced “mob justice” in the country.

Weller clearly thinks he can’t even talk about anything good that’s happened in Guatemala, including the antiterrorism legislation sponsored by his wife. “There are some positive notes in this hemisphere,” he said during a subcommittee hearing in May. “Some countries, such as Panama, Trinidad, Tobago, Jamaica, Mexico, and El Salvador, have all made serious prevention and preparedness efforts” against terrorism. He didn’t say a word about Guatemala, which sits between Mexico and El Salvador.

Carlos Gomez, coordinator of the Chicago-based Foundation for Human Rights in Guatemala, thinks Weller’s silence hurts both the U.S. and Guatemala. “If he did not have a relationship with Zury he would be working against drug trafficking and organized crime in Guatemala,” he says. “It is the FRG that opened the door to drug trafficking and organized crime in Guatemala. So he can’t attack the same party as his wife.”

Like every politician, Weller must know that, no matter how confident he is that he’s serving his constituents fully, appearances matter. And silence doesn’t help.

Time for Hard Choices on Leaving Iraq

/in /by

While the unexpected crisis involving Israel and Lebanon rages on with no end in sight, the United States needs to stay focused on the Iraqi crisis of its own making. Lately, even the most articulate supporters of that war have finally declared that our efforts there are not working. But navigating our own safe passage out of Iraq at this stage will require more than simply throwing up our hands.

The time has come to make some hard choices. So far, the highly partisan debate here has been about whether to set up a timetable for U.S. forces to leave Iraq and, if so, when. But this is little more than political posturing unless we first pave the way for our forces to leave without the nation imploding while drawing in other states in the region.

It might help if we could try to understand Iraqis on their own terms. Sen. Charles Schumer (D-N.Y.) recently announced his outrage over elected Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki’s refusal to criticize the Lebanese group Hezbollah for its ongoing, indiscriminate attacks against Israel. Sen. Barbara Boxer (D-Calif.) expressed her affront over the same Iraqi government’s plan to offer amnesty to Iraqi insurgents who have attacked American forces.

These Democrats are making the same mistake many Republicans did in presuming that Iraqis would not only be grateful for our help in bringing democracy to their nation, but that they would show it by electing leaders with whom we would get along. We seem to forget that most Iraqis are poor Shias who long lived under the boot of Saddam Hussein, while Shia groups elsewhere, namely with Hezbollah and in Iran, each supported Iraqi Shias against Hussein far more consistently than we did.

Now, if we are going to find our way out of Iraq, we must scale down our expectations. Iraq will never be the pro-American beacon of Western values that architects in the Bush administration naively promised. Nor is the ongoing Iraqi insurgency, or the nation’s even faster rising tide of sectarian violence, likely to end until after Iraq’s elected, Shia-led government negotiates a settlement with the nation’s own entrenched Sunni insurgents.

This may well require granting insurgents an amnesty for attacking not only U.S. forces but armed Iraqi forces. After all, Great Britain was forced to accept even tougher terms to negotiate a settlement in Northern Ireland with the Irish Republican Army. One difference in Iraq might be that an amnesty would not extend to those responsible for attacks on Iraqi civilians, most of which have been carried out by foreign fighters loosely associated with al-Qaida.

Another concession we may well need to make is to give up any permanent U.S. military bases on Iraqi soil. Only the Kurds in the north really want us to stay there, anyway, to keep them from being overrun by Turkey. Of course, none of these steps would change anything overnight. But renouncing our own claims to retain any long-term military presence in Iraq could help change the political climate inside the country.

As long as Iraqis of all kinds can blame their daily problems on occupying U.S.-led troops, the nation’s various groups – including insurgents, sectarian militias and government authorities – can put off facing one another to try to resolve their differences. Already Shia militias are demanding greater autonomy in the south. Great Britain recently announced its plans to turn over the southernmost city of Basra to the local Shia militia by early next year.

The United States is sure to feel more pressure to follow suit, even though doing so could easily help lead to the bloody breakup of Iraq. Anyone advocating an immediate or otherwise premature U.S. withdrawal should keep in mind that no matter what one chooses to call it so far, Iraq’s ethnic cleansing could still get much worse.

But there is at least one silver lining hanging over today’s stormy region. Hezbollah’s status throughout the Arab world has only risen from its ongoing rocket attacks against Israel, and this has notably helped defuse tensions between Shias and Sunnis in much of the Arab world. Many radical Sunnis who previously denounced Shias for practicing their own interpretation of Islam now accept Hezbollah as a partner in a broader anti-Western struggle. This could help strengthen the hand of Prime Minister Maliki both inside and outside of Iraq to try to find a settlement to both the insurgency and sectarian strife inside his own nation.

The same storm drops at least one flash retort, too, on those who still claim the Bush administration only went into Iraq to set up a puppet government and steal Iraqi oil. Even if that were the original intent, no doubt the elected Iraqi government is speaking with its own voice today, though it remains dependent on U.S. troops for its survival.

Not the democracy we wanted? It’s the one we got, so we’d better get used to it if we want to bring our troops home anytime in the foreseeable future.

A war ‘shock and awe’ didn’t win

/in /by

Original story found here.

Remember when the Bush administration launched its “shock and awe” campaign across Iraq?

Even hardened critics were left starstruck watching the bombs rain down on Baghdad and other targets three years ago this week. It was as if the United States were flaunting its firepower while saying to hostile states and forces around the world: This is what happens to you when you mess with us.

The Pentagon was testing a theory developed seven years earlier by a small team of U.S. National Defense University authors. “The aims of this doctrine are to apply massive or overwhelming force as quickly as possible,” the authors wrote. “While there are surely humanitarian considerations that cannot or should not be ignored, the ability to shock and awe ultimately rests in the ability to frighten, scare, intimidate, and disarm” the enemy’s will.

It seemed to work at first, as supporters boldly proclaimed we had both won a war and taught the Mideast a lesson. And we did so, or so we thought, by beating the Saddam out of Iraq. “[T]he comatose and glazed expressions of survivors of the great bombardments of World War I,” wrote the authors, was exactly the kind of effect on the adversary they proposed.

But the doctrine was even more ambitious. Much the way a schoolyard bully might pummel one smaller kid to send a message to the rest, its proponents wrote that the impressive display of force would compel not only the targeted nation but other states as well to fall into line. This helps explain why the administration thought that the messy politics of Iraq along with the entangled mosaic of the region were not much to worry about, as the other states would all end up coming at least a little more our way once they got wind of shock and awe.

But the doctrine failed its first field test, while the arrogance it dropped on Iraq has since given rise to contingencies its proponents never saw. Far from making Iraqis more pliant, shock and awe helped foment an insurgency that shows no sign of going away, besides helping to uncork sectarian strife that the administration also grossly underestimated. The same hubris has further increased sympathy for al-Qaida in many nations while it has helped Saddam Hussein turn his murder trial into a stage to rally insurgents against the U.S.-led occupation.

Instead of learning to fear us, as the Bush administration’s war planners had hoped, the world now understands that even the tallest of giants can end up bogged down, if not crippled, no matter how fierce it starts out. In a world as complex as ours, military strength is only a part of even our nation’s overall power. Instead of the kind of decisive, demonstrative victory the administration expected, the legacy of shock and awe may be that being mean and dumb doesn’t work.

One lesson we could yet learn is as simple as: The politics matter, stupid. Trying to bully a whole nation along with a region into submission could end up backfiring on us. Showing off our high-tech muscle on even the most despised despotic regime may only result in turning countless people there and elsewhere against us.

Of course, it is never too late to change. But we have to start with our attitude. Arguably, such a transformation is already under way, although the administration would be the last to admit it. Last week, both the United States and Iran announced that, despite their many disagreements, it is finally time after decades of no diplomatic contact to open talks. Now that we know that shock and awe didn’t scare the Ayatollahs, either, we’ve learned the hard way that we have to treat them, like other people, with respect whether we like them or not.

The same goes for Iraq. Having failed to subdue seemingly any sizable part of the population in the long run, we now know that we need to reach out to not only those Iraqis more or less on our side but also to the leaders of the insurgency whom we still hope to bring into the political process. One might call it bunker diplomacy. Instead of walking tall across the battlefield in the wake of shock and awe, we are the ones looking besieged and desperate for a way out.

Despite the grandiosity America sported when we invaded Iraq, the giant that the administration tried to project there sure looks weaker now. It all comes back to basics. The bully may well beat up one kid after another – only to find himself alone, surrounded by ever more people who hate him and hope, if not plot, for his demise.

El narco-Estado intocable: Militares guatemaltecos desafían a la DEA

/in /by

La alerta atravesó el estado en julio. Un analista de la FBI ubicado en McAllen escribió un informe clasificado que el Departamento de Seguridad Interna envió a agentes de la Patrulla Fronteriza de Texas. Alrededor de 30 sospechosos, que alguna vez fueron parte de una unidad elite de las fuerzas especiales guatemaltecas estaban entrenando a narcotraficantes en tácticas paramilitares cerca de la frontera de McAllen.

La unidad, llamada los kaibiles, en memoria de el príncipe maya Kaibil Balam, es una de las más temibles fuerzas militares de Latinoamérica, acusada de muchas de las masacres que ocurrieron en Guatemala durante su guerra civil de 36 años. Alrededor de septiembre, autoridades mexicanas anunciaron que habían arrestado a siete kaibiles guatemaltecos, entre ellos cuatro “desertores”, activos según los registros del ejército de Guatemala.

Las autoridades mexicanas dicen que los kaibiles pretendían incorporarse a Los Zetas, una banda de soldados convertidos en delincuentes salidos de las fuerzas especiales de México. Es lógico pensar que Los Zetas contactaran a su contraparte guatemalteca. Además de ser un vecino, “Guatemala es el punto en Centroamérica preferido para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos”, según lo ha reportado consistentemente el Departamento de Estado al Congreso, desde 1999. A principios de noviembre, las autoridades antidrogas asignadas en la embajada de Estados Unidos en Guatemala dijeron a la Associated Press que el 75 por ciento de la cocaína que llega a América pasa por la nación centroamericana.

Tal vez sea más importante el hecho que la institución dominante en el país, el ejército, está involucrado en el tráfico ilegal de drogas. Durante las pasadas dos décadas, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos ha acusado silenciosamente a oficiales militares guatemaltecos, de todos los rangos y en todas las ramas, de estar al servicio del tráfico de drogas a Estados Unidos, de acuerdo con documentos oficiales conseguidos por The Texas Observer. Recientemente, la administración Bush ha sospechado que dos generales retirados del ejército de Guatemala, en lo más alto de la jerarquía militar, están envueltos en el tráfico de drogas y ha revocados sus visas, con base en tales sospechas.

Los generales retirados, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Francisco Ortega Menaldo, son dos altos jefes de inteligencia. Están entre los fundadores de un club exclusivo y oscuro de la estructura de inteligencia que se autonombra “la cofradía”, según informes de inteligencia de Estados Unidos. Estos informes, recientemente desclasificados, acreditan a la cofradía la “ingeniería” de tácticas que derrotaron completamente a los grupos guerrilleros marxistas guatemaltecos. Una Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas estableció que esas tácticas incluyeron “actos de genocidio”, por las expulsiones y masacres de pobladores de no menos de 440 comunidades mayas.

Las autoridades de inteligencia militar de Guatemala desarrollaron un código de silencio durante estas operaciones sangrientas, lo cual es una razón por la que ningún oficial fue perseguido por violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Fría. Desde entonces, las mismas autoridades de inteligencia han transformado sus estructuras clandestinas para actividades del crimen organizado, según informes de la DEA y otros servicios de inteligencia estadounidenses, que van de la importación de autos robados en Estados Unidos al tráfico de drogas hacia ese país. Sin embargo, ningún oficial ha sido perseguido por un crimen internacional, ni en Guatemala ni en Estados Unidos.

Tan hay evidencias del involucramiento de militares de Guatemala en actividades ilegales que la administración Bush ya no proporciona ayuda militar a ese país, ni siquiera entrenamiento de oficiales. Entre esas evidencias están “un reciente resurgimiento de abusos supuestamente orquestados por oficiales y ex oficiales militares; y sospechas de corrupción y narcotráfico de parte de ex oficiales militares”, según el informe de 2004 sobre Entrenamiento Militar en el Extranjero del Departamento de Estado.

Mientras algunos miembros de la administración Bush y del Congreso quieren reanudar el entrenamiento militar, otros están preocupados por la incapacidad del gobierno guatemalteco para controlar al ejército. “La razón por la que elementos del ejército están tan involucrados en estas operaciones ilícitas es que el gobierno simplemente no tiene el poder para detenerlos”, dijo el congresista republicano tejano Michael McCaul, quien es integrante de la Subcomisión del Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Internacionales y es el presidente de la Subcomisión sobre Investigaciones del Departamento de Seguridad Interna.

El ejército de Guatemala no es el primero corrompido por las drogas; se han descubierto los nexos con el crimen organizado de altos funcionarios de inteligencia y de apoyo a la ley, en muchas naciones de América Latina. Pero lo que distingue a Guatemala de la mayoría de las otras naciones es que algunos de sus militares sospechosos son acusados no solamente de proteger a grandes sindicatos criminales, sino también de dirigirlos. Recientemente, la administración Bush reconoció a Colombia y a México por su progreso en la persecución de sus sospechosos de participar en el narcotráfico y en la extradición a Estados Unidos de otros. Pero Guatemala, país único en este hemisferio, no ha procesado ni extraditado a uno solo de sus supuestos capos por lo menos durante los últimos 10 años.

Durante décadas, sucesivas administraciones estadounidenses han intentado, sin éxito, entrenar a efectivos agentes de la policía guatemalteca, mientras decían poco o nada sobre las conocidas actividades criminales de militares. Eso se acabó en los últimos tres años gracias al representante republicano Cass Ballenger, un firme conservador de Carolina del Norte, quien fue presidente de la Subcomisión del Hemisferio Occidental.

“De manera clara, el gobierno de Guatemala no ha tomado las medidas necesarias para investigar, arrestar y llevar ante la justicia a capos del narcotráfico”, dijo en el 2003, Ballenger, entonces presidente de la subcomisión. Respaldando a su predecesor, el nuevo presidente, el republicano Dan Burton, comentó a través de un vocero que desea ver que los mismos supuestos capos finalmente sean presentados para que rindan cuentas. Mientras eso no ocurra, las drogas provenientes de Guatemala y la violencia concurrente continuarán desbordando la frontera tejana.

Guatemala ha sido muy lento en sus esfuerzos por emprender acciones legales contra sus oficiales militares acusados de violaciones a los derechos humanos, y la impunidad se ha extendido a actos criminales. En 1994, las extradiciones de Guatemala de sospechosos de ser narcotraficantes se interrumpieron, con un caso en el que estaba involucrado un oficial militar activo. El caso resalta el terrible precio que pagan quienes buscan justicia en Guatemala y la timidez de Estados Unidos para exigir rendimiento de cuentas.

Un oficial de inteligencia militar a comienzos de los ’80, el teniente coronel Carlos Ochoa, fue entrenado durante un corto periodo en el Colegio de Comando y Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos en 1988. Dos años después, la DEA lo acusó de trasladar drogas a, entre otras ciudades, Florida, donde elementos de la agencia detuvieron una avioneta que contenía media tonelada métrica de cocaína, supuestamente enviada por Ochoa.

Abogados del Departamento de Estado trabajaron durante más de tres años para evitar que tribunales militares guatemaltecos desestimaran los cargos, y finalmente llevaron el caso de extradición hasta la corte civil de mayor rango. El ex presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González Dubón, ya era respetado por su integridad. El 23 de marzo de 1994, dirigió una sesión cerrada (algo común en Guatemala) del tribunal en la que éste emitió, con cuatro votos a favor y tres en contra, una resolución a favor de la extradición de Ochoa. Nueve días después, el 1 de abril, hombres armados asesinaron a González Dubón detrás de su auto, en la capital, cerca de su hogar de clase media, frente a su esposa y su hijo menor. El 12 de abril, la misma Corte de Constitucionalidad, con un nuevo presidente, resolvió en una votación de siete a uno a favor de la no extradición. Los magistrados usaron la misma línea en el registro oficial -cambiando el veredicto y la fecha, pero no el número de caso- para escribir sobre la resolución original, hecho solamente reportado años después por el diario costarricense La Nación.

La administración Clinton nunca dijo una palabra de protesta. La embajadora estadounidense de entonces, Marilyn McAfee, admitió que tenía otras prioridades, entre ellas las negociaciones de paz que se desarrollaban. “Estoy preocupada por la potencial declinación de nuestras relaciones con el ejército”, escribió a sus superiores unos meses antes del asesinato. “Lo más relevante es que debemos considerar cuidadosamente cada una de nuestras acciones relacionadas con el ejército guatemalteco, no sólo por las implicaciones en Washington, sino también por sus impactos aquí”.

Cuatro años después del asesinato, la administración Clinton finalmente admitió unas cuantas líneas en un grueso informe al Congreso: “El presidente de la Corte de Constitucionalidad había aprobado la extradición por los cargos hechos en 1991, precisamente antes de ser asesinado. La corte reintegrada poco después votó a favor de rechazar la extradición”.

Ocho no pudo haber estado trabajando solo. “Además de sus actividades relacionadas con el narcotráfico, Ochoa estaba involucrado en el traslado a Guatemala de autos robados en Estados Unidos”, se lee en un informe “secreto” de inteligencia de Estados Unidos obtenido por la abogada estadounidense Jennifer Harbury. “Otro oficial militar involucrado con Ochoa en el narcotráfico es el coronel Julio Roberto Alpírez de León”.

Alpírez, quien durante un breve periodo fue entrenado en la Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1970, trabajó en “operaciones de inteligencia especiales”, según un informe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA). Posteriormente, una investigación del Consejo de Fiscalización de la Casa Blanca lo implicó en la tortura y asesinato de un líder guerrillero marxista, esposo de la abogada formada en Harvard Harbury, y en la tortura y misteriosa decapitación de un hotelero estadounidense llamado Michael Devine. El coronel Alpírez, desde su retiro, ha negado las acusaciones y nunca fue procesado.

Pero Ochoa, su ex subordinado, se encuentra en la cárcel. Fue arrestado -otra vez- por la venta de cocaína en la ciudad de Guatemala, donde el consumo de crack y la comisión de crímenes violentos, principalmente secuestros, alarmantemente se han convertido en algo común. Ochoa fue condenado a 14 años de prisión, y él es el más importante narcotraficante que ha sido condenado en Guatemala.

Hasta ahora, la DEA nunca ha reconocido públicamente el valor del magistrado González Dubón, quien murió defendiendo una de sus evidencias. “El magistrado merece ser recordado y honrado por tratar de ayudar a establecer la democracia en Guatemala”, dijo el agente especial de la DEA, William Glaspy, en una entrevista exclusiva. Desde el asesinato, la DEA ha sido de todo, pero impotente en Guatemala.

La impunidad que protege a oficiales militares guatemaltecos de la justicia comenzó durante la Guerra Fría. “Hay una larga historia de impunidad en Guatemala”, observó el congresista William Delahunt, demócrata de Massachusetts, quien es miembro de la Subcomisión del Hemisferio Occidental. “Estados Unidos ha contribuido a ello de una manera ofensiva, tomando en cuenta su actuación en 1954 y en los ’80”, añadió, haciendo referencia al golpe de Estado de 1954, que derrocó a un presidente democráticamente electo y llevó al ejército guatemalteco al poder, y al respaldo encubierto de la administración Reagan a ese ejército en un periodo en el que el derramamiento de sangre de civiles fue mayor.

También fue durante esta carnicería de la época de la Guerra Fría cuando la cofradía del ejército consiguió sus mayores éxitos. “La sola mención de la palabra ‘cofradía’ dentro de la institución evoca la idea de un ‘club de inteligencia’, siendo el término ‘cofradía’ el nombre dado a las poderosas organizaciones de líderes de templos de poblados que existen en el altiplano indígena guatemalteco”, se lee en documento de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, que en 1991 fue clasificado. “Muchos de los ‘mejores y más brillantes’ oficiales del ejército guatemalteco fueron asignados a labores de inteligencia y a la planeación de operaciones tácticas”, continúa. Como todos los documentos que no son atribuidos a otra fuente, el cable fue conseguido por la asociación sin fines de lucro National Security Archives, de Washington, D.C.

De acuerdo con el cable de 1991, “miembros bien conocidos de la no oficial cofradía eran” los entonces coroneles “Manuel Antonio Callejas y Callejas” y “Ortega Menaldo” (quienes recibieron entrenamiento durante un corto periodo en la Escuela de las Américas, en 1970 y 1976, respectivamente).

El informe de inteligencia continúa: “Bajo las órdenes de directores de inteligencia como el entonces coronel Manuel Antonio Callejas y Callejas, en los primeros años de los ’80, la jefatura de inteligencia consiguió mejoras tan dramáticas en sus capacidades que hoy debe reconocérsele la ingeniería de la declinación de la guerrilla desde 1982 hasta el presente. Pero mientras lo hacía, la jefatura de inteligencia se convirtió en un ‘club’ de elite entre los oficiales”.

Otros oficiales guatemaltecos llamaron a su enfoque “secar el mar para matar al pez”, o de ataque a civiles de quienes se sospechaba que apoyaban a la guerrilla izquierdista y no a los combatientes armados mismos. Un ex sargento del ejército de Guatemala, que estuvo asignado en el ensangrentado departamento Quiché, dijo después al autor de este artículo que aprendió otra expresión: “Hacer que inocentes paguen los pecados de los culpables”.

Los informes de la CIA son aun más cándidos. “Los oficiales al mando de las unidades involucradas han recibido instrucciones de destruir todos los pueblos y aldeas que están colaborando con la guerrilla y de eliminar todas las fuentes de resistencia”, se lee en un documento de 1982 de la estación de la agencia de la ciudad de Guatemala que estuvo clasificado como “secreto”. El informe continúa: “Cuando una patrulla del ejército encuentra resistencia y es atacado desde un pueblo o aldea se asume que todo el pueblo es hostil y es destruido”. Equipos forenses han exhumado numerosas tumbas colectivas. Algunos de los cuerpos son de mujeres y menores. En Guatemala fueron asesinadas más de 200,000 personas, en el que se considera el conflicto más sangriento de Centroamérica durante la Guerra Fría.

La violencia dejó al ejército firmemente en el control de Guatemala, y no paso mucho tiempo sin que esta estabilidad captara la atención de los sindicatos de la droga colombianos. Primero el cartel de Medellín y después el de Cali, según expertos en drogas andinos, comenzaron a buscar nuevas rutas hacia Estados Unidos, después que las tradicionales fueron cerradas a mediados de los ’80, debido a una mayor inspección con radares sobre el Caribe, especialmente sobre las Bahamas, efectuada por Estados Unidos.

“Escogieron a Guatemala porque está cerca de México, que es un punto de entrada obvio a Estados Unidos, y porque los mexicanos tienen una mafia establecida desde hace mucho tiempo”, explicó un agente andino. “También es un país más conveniente para el tránsito y el almacenamiento que El Salvador, porque ofrece más estabilidad y es más fácil de controlar”.

Agentes especiales de la DEA empezaron a detectar a oficiales militares guatemaltecos implicados en el narcotráfico en 1986, según documentos de la agencia obtenidos apelando a la Ley de Libertad de Información. Eso ocurrió cuando Ortega Menaldo designó a Callejas y Callejas como jefe de inteligencia militar. Durante los siguientes nueve años, de acuerdo con los mismos documentos, los agentes detectaron a no menos de 31 oficiales activos también involucrados.

“Todos los caminos conducen a Ortega”, dijo recientemente un experto estadounidense del combate contra el narcotráfico. “Aun oficiales activos pueden tener otros nexos con oficiales retirados. Tienen una relación de maestro-aprendiz”.

Informes de inteligencia de Estados Unidos revelan los fuertes lazos que oficiales de la cofradía cultivaban con muchos subordinados, a quienes se conoce como “los operadores”. “Esta columna vertical de oficiales de inteligencia, de capitanes a generales, representa la red interna de lealtades más fuerte de la institución”, se lee en el cable de la DIA de 1991. “Otros oficiales capaces eran escogidos en todos los niveles para que participaran en operaciones clave y en comando de tropas”, continúa el informe. “Aunque no con nexos tan fuertes como en el caso de la cofradía, los ‘operadores’ desarrollaron su propia red vertical de reconocimiento de líderes-subordinados, relaciones y lealtades, y actualmente son considerados una columna vertical de lealtades de oficiales separada y diferente”.

Los oficiales de la cofradía extendieron su influencia aún más, según otro cable de inteligencia de Estados Unidos, como lo demuestra el hecho que “operadores” oficiales de nivel medio reclutaron a civiles locales como “comisionados militares para que fueran los ‘ojos y oídos’ del ejército”.

Pocos casos criminales demuestran mejor la integración de jefes de inteligencia guatemaltecos con el narcotráfico que uno investigado en 1990 por agentes especiales de la DEA en las calientes planicies del oriente de Guatemala, cerca de la costa caribeña. Por ese caso, de hace quince años, fue que por última vez un guatemalteco acusado de estar involucrado en el narcotráfico fue extraditado a Estados Unidos.

Arnoldo Vargas Estrada, alias “Archie”, fue durante mucho tiempo un “comisionado militar”, y el alcalde electo de la ciudad más grande de Zacapa. Funcionarios de la embajada de Estados Unidos informaron (como es requerido según un protocolo diplomático de los dos países) a la inteligencia militar guatemalteca, entonces dirigida por Ortega Menaldo, que agentes especiales de la DEA observaban al alcalde.

Vargas y otros dos civiles sospechosos fueron entonces arrestados en Guatemala con el apoyo de la DEA. No mucho tiempo después, los tres fueron extraditados a Nueva York, donde fueron procesados y condenados con base en las evidencias proporcionadas por la DEA. Sin embargo, la DEA no hizo algo en Guatemala cuando, poco después de los arrestos, los militares simplemente trasladaron la misma estructura de tráfico de drogas a un área rural lejos de la ciudad, según afirmaron finqueros en una solicitud entregada a la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Guatemala, en 1992, y dirigida simplemente a “Señores D.E.A.”.

“Antes del amanecer, una de las avionetas que transporta cocaína se estrelló porque no pudo llegar a la pista de la finca Rancho Maya”, se afirma en el documento que los campesinos firmaron o en el que imprimieron sus huellas digitales. El documento contiene los nombres de comisionados militares y de siete oficiales locales, entre ellos cuatro coroneles que supervisaban a los finqueros.

Uno de los comisionados militares que los campesinos mencionaron fue el propietario de la finca Rancho Maya, Byron Berganza. Más de una década después, en 2004, agentes especiales de la DEA finalmente arrestaron a Berganza, junto a otro civil guatemalteco, en la ciudad de Nueva York, bajo cargos de “conspiración para la importación de narcóticos”. El año pasado, en la ciudad de México, la DEA también colaboró en el arresto de otro guatemalteco, Otto Herrera. El entonces procurador general estadounidense, John Ashcroft, describió a Herrera como uno de “los narcotráficantes y lavadores de dinero más importantes del mundo”.

Sin embargo, no mucho tiempo después de su arresto, Herrera logró escapara de una cárcel de la ciudad de México. Ninguno de los oficiales militares mencionados por los finqueros en su solicitud de 1992 fue procesado. Como explicó el funcionario de la DEA Glaspy, “Hay una diferencia entre recibir información y poder procesar a alguien”.

En 2002, el entonces presidente de la Subcomisión del Hemisferio Occidental, Cass Ballenger, forzó a la administración Bush a actuar limitadamente para castigar a altos oficiales militares guatemaltecos supuestamente involucrados en el narcotráfico. “La visa del ex jefe de inteligencia guatemalteco Francisco Ortega Menaldo fue revocada”, confirmó el vocero del Departamento de Estado, Richard A. Boucher, en marzo de 2002, “con base en una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad relacionada con el narcotráfico, y eso es todo lo que puedo decir sobre la decisión”.

Para entonces, el general retirado Ortega Menaldo ya había rechazado los cargos de narcotráfico hechos por Estados Unidos, mientras recordaba a reporteros en la ciudad de Guatemala que el colaboró con la CIA y la DEA en los ’80. En efecto, el Consejo de Fiscalización de la Casa Blanca confirmó que cuando menos la CIA y la DEA mantuvieron una relación de intercambio de información con la inteligencia militar de Guatemala a fines de los ’80 y a principios de los ’90, cuando era dirigida por el coronel Ortega Menaldo.

La CIA, por medio del vocero Mark Mansfield, declinó hacer comentarios para este artículo.

Ocho meses después de revocar la visa de Ortega Menaldo, la administración Bush de nuevo argumentó sospechas de involucramiento en el narcotráfico para revocar la de otro ex jefe de inteligencia guatemalteco, el general retirado Callejas y Callejas. Pero después que la noticia fue publicada en la prensa guatemalteca, este oficial de la cofradía nunca respondió públicamente, como lo hizo Ortega Menaldo, ante la acusación.

En lugar de enfrentar la impunidad que permite que oficiales militares guatemaltecos trafiquen drogas, muchos de los funcionarios electos parecen marchar en la dirección contraria. No mucho tiempo después que la administración Bush señaló a los dos ex jefes de inteligencia pertenecientes a la cofradía como sospechosos de ser narcotraficantes, miembros del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido fundado por otro general del ejército retirado, presentaron propuestas de reformas legales para que jueces civiles no conocieran casos de militares acusados de delitos.

Durante el periodo de la Guerra Fría, el sistema de justicia guatemalteco raramente tuvo la oportunidad de procesar a oficiales por cualquier tipo de delito, porque eran llevados ante tribunales militares. En los ’90, las cortes civiles empezaron a intentar ejercer su autoridad sobre oficiales militares acusados de estar involucrados en el narcotráfico. Sin embargo, la legislación propuesta estipulaba que cualquier oficial, activo o retirado, sólo podría ser procesado en un tribunal militar, independientemente del delito del que se le acusara. Una corte marcial normalmente está reservada para delitos supuestamente cometidos por personal militar durante su servicio. Si las reformas fuesen aprobadas, aseguraría que oficiales acusados de cualquier delito, desde asesinato hasta narcotráfico, pudieran nuevamente ser procesados únicamente por militares. “Esto sería un nuevo mecanismo de impunidad”, señaló José Zeitune, de la Comisión Internacional de Juristas -que tiene su sede en Ginebra- y autor de un informe sobre la justicia guatemalteca presentado en 2005.

Como presidente de la Subcomisión del Hemisferio Occidental, Ballenger acusó al FRG, que goza de la pluralidad del Congreso guatemalteco, de corrupción por drogas. El FRG fue fundado por el general retirado Efraín Ríos Montt, un personaje controversial que en 1982 organizó un golpe de Estado para convertirse en presidente de Guatemala precisamente cuando los oficiales de inteligencia de la cofradía estaban tomando fuerza.

El nuevo vicepresidente de la subcomisión es Jerry Weller III, un republicano de Illinois, que recientemente se casó con Zury Ríos Sosa, la hija del general retirado. A diferencia de otros miembros de la subcomisión, Weller, por medio de su vocero, Telly Lovelace, declinó hacer un comentario para este artículo.

El suegro del congresista Weller preparó al anterior presidente de Guatemala, un miembro del FRG llamado Alfonso Portillo, quien salió de ese país en 2004 para evitar ser arrestado por una acusación de lavado de dinero, de acuerdo con un informe del Departamento de Estado. Durante la gestión de Portillo, uno de sus más cercanos colaboradores en el Palacio Nacional fue el cofundador de la cofradía Ortega Menaldo, según la prensa guatemalteca.

Hoy las oscuras estructuras de la jefatura de la inteligencia guatemalteca están tan implicadas en el crimen organizado que la administración Bush, por una vez, ya está recurriendo a las Naciones Unidas. Haciendo a un lado sus comunes críticas al organismo internacional, ese gobierno apoya una propuesta para la integración en Guatemala de una fuerza de tarea dirigida por Naciones Unidas, llamada explícitamente “Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad”. Hasta ahora, el único país que ha doblegado su soberanía para permitir a las Naciones Unidas un papel similar es Líbano, donde investigadores de Naciones Unidas buscan esclarecer el asesinato de un ex primer ministro.

El plan para Guatemala propuesto por Naciones Unidas también tiene el respaldo del presidente Óscar Berger, un terrateniente rico y abogado respetado por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la comisión propuesta por Naciones Unidas está encontrando resistencia de parte de políticos del FRG, como la esposa de Weller, Ríos Sosa, diputada al Congreso de Guatemala.

¿Y qué están haciendo los funcionarios estadounidenses y las autoridades de Guatemala para detener a los oficiales militares involucrados en el narcotráfico?

“Actualmente hay investigaciones sobre la corrupción de autoridades guatemaltecas del ejército y otras”, dijo este año el entonces secretario asistente Robert B. Charles en una conferencia de prensa dada en el Departamento de Estado. Sin embargo, ningún oficial ha sido acusado ni en Guatemala ni en Estados Unidos.

Más problemático es un caso reciente en el que están involucrados soldados mexicanos convertidos en delincuentes, los Zetas. El 22 de octubre, siete miembros de los Zetas fueron arrestados en una ciudad fronteriza de Guatemala con armas y cocaína. La Associated Press reportó que, de acuerdo con autoridades de Guatemala los Zetas fueron a ese país para vengar la muerte de uno de sus compañeros. A pesar de la evidencia que había contra ellos, poco después de una semana desde su arresto las autoridades los dejaron libres.

Frank Smyth es un periodista independiente que ha escrito sobre el narcotráfico en Guatemala desde 1991, en The Progresive, The Sacramento Bee, The Washington Post, The Village Voice , The New Republic, salon.com y The Wall Street Journal, entre otros medios. Ha sido un corresponsal especial de The Fort Worth Star-Telegram y de The Economist. Es colaborador de Crimes of War: What The Public Should Know, editado por Roy Gutman y David Rieff. Sus reportajes son publicados en https://franksmyth.com y su dirección de correo electrónico es smyth.frank@gmail.com.

The Untouchable Narco-State: Guatemala’s Army defies DEA

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Original story including links to cited classified U.S. cables here.

(See also related links pegged to the release of this story by Harvard University’s NiemanWatchdog.org and George Washington University’s National Security Archive:
http://www.niemanwatchdog.org/index.cfmfuseaction=ask_this.view&askthisid=00152
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB169/index.htm).

The alert went out across the state this past July. A McAllen-based FBI analyst wrote a classified report that the Department of Homeland Security sent to U.S. Border Patrol agents throughout Texas. About 30 suspects who were once part of an elite unit of the Guatemalan special forces were training drug traffickers in paramilitary tactics just over the border from McAllen. The unit, called the Kaibiles after the Mayan prince Kaibil Balam, is one of the most fearsome military forces in Latin America, blamed for many of the massacres that occurred in Guatemala during its 36-year civil war. By September, Mexican authorities announced that they had arrested seven Guatemalan Kaibiles, including four “deserters” who were still listed by the Guatemalan Army as being on active duty.

Mexican authorities say the Kaibiles were meant to augment Las Zetas, a drug gang of soldiers-turned-hitmen drawn from Mexico’s own special forces. It’s logical that the Zetas would turn to their Guatemalan counterparts. In addition to being a neighbor, “Guatemala is the preferred transit point in Central America for onward shipment of cocaine to the United States,” the State Department has consistently reported to Congress since 1999. In early November, anti-drug authorities at the U.S. Embassy in Guatemala told the Associated Press that 75 percent of the cocaine that reaches American soil passes through the Central American nation.

More importantly, perhaps, the dominant institution in the country—the military—is linked to this illicit trade. Over the past two decades, the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) has quietly accused Guatemalan military officers of all ranks in every branch of service of trafficking drugs to the United States, according to government documents obtained by The Texas Observer. More recently, the Bush administration has alleged that two retired Guatemalan Army generals, at the top of the country’s military hierarchy, are involved in drug trafficking and has revoked their U.S. visas based on these allegations.

The retired generals, Manuel Antonio Callejas y Callejas and Francisco Ortega Menaldo, are Guatemala’s former top two intelligence chiefs. They are also among the founders of an elite, shadowy club within Guatemala’s intelligence command that calls itself “la cofradía” or “the brotherhood,” according to U.S. intelligence reports. The U.S. reports, recently de-classified, credit la cofradía with “engineering” tactics that roundly defeated Guatemala’s Marxist guerrillas. A U.N. Truth Commission later found the same tactics included “acts of genocide” for driving out or massacring the populations of no less than 440 Mayan villages.

Guatemala’s military intelligence commands developed a code of silence during these bloody operations, which is one reason why no officer was ever prosecuted for any Cold War-era human rights abuses. Since then, the same intelligence commands have turned their clandestine structures to organized crimes, according to DEA and other U.S. intelligence reports, from importing stolen U.S. cars to running drugs to the United States. Yet not one officer has ever been prosecuted for any international crime in either Guatemala or the United States.

There is enough evidence implicating the Guatemalan military in illegal activities that the Bush administration no longer gives U.S. military aid, including officer training. The cited offenses include “a recent resurgence of abuses believed to be orchestrated by ex-military and current military officials; and allegations of corruption and narcotics trafficking by ex-military officers,” according to the State Department’s 2004 report on Foreign Military Training.

While some in the Bush administration and Congress want to restart foreign military training, others are concerned about the inability of the Guatemalan government to rein in its military. “The reason that elements of the army are involved so deeply in this illicit operation is that the government simply does not have the power to stop them,” said Texas Republican Congressman Michael McCaul, who sits on the Western Hemisphere Subcommittee of the Committee on International Relations and is the Chairman of the Department of Homeland Security Subcommittee on Investigations.

Guatemala is hardly the first military tainted by drugs; senior intelligence and law enforcement officers in many Latin American nations have been found colluding with organized crime. But what distinguishes Guatemala from most other nations is that some of its military suspects are accused not only of protecting large criminal syndicates but of being the ringleaders behind them. The Bush administration has recently credited both Colombia and Mexico with making unprecedented strides in both prosecuting their own drug suspects and extraditing others to the United States. But Guatemala, alone in this hemisphere, has failed to either prosecute or extradite any of its own alleged drug kingpins for at least 10 years.

For decades, successive U.S. administrations have tried and failed to train effective Guatemalan police, while saying little or nothing about the known criminal activities of the Guatemalan military. That finally came to an end in the past three years under Republican Rep. Cass Ballenger, a staunch conservative from North Carolina, who served as chairman of the Western Hemisphere Subcommittee.

“Clearly, the Guatemalan government has not taken every step needed to investigate, arrest, and bring drug kingpins to justice,” said then-Chairman Ballenger in 2003 before he retired. Echoing his predecessor, the new Chairman, Indiana Republican Rep. Dan Burton, commented through a spokesman that he wants to see the same alleged ringleaders finally brought “to full accountability.”

Until that happens, drugs from Guatemala and the attendant violence will continue to spill over the Texas border.

Guatemala has long been sluggish in efforts to take legal action against its military officers for human rights violations. That impunity has since spread to organized criminal acts as well. The turning point came in 1994, when Guatemala’s extraditions of its drug suspects came to a dead stop over a case involving an active duty army officer. The case highlights both the terrible price for those who seek justice in Guatemala and the timidity of the United States in demanding accountability.

A military intelligence officer back in the early 1980s, Lt. Col. Carlos Ochoa briefly trained at the U.S. Army Command and General Staff College in 1988. Two years later, the DEA accused him of smuggling drugs to locations including Florida, where DEA special agents seized a small plane with half a metric ton of cocaine, allegedly sent by the colonel.

State Department attorneys worked for more than three years to keep Guatemala’s military tribunals from dismissing the charges, and finally brought Ochoa’s extradition case all the way to Guatemala’s highest civilian court. The nation’s chief justice, Epaminondas González Dubón, was already well respected for his integrity. On March 23, 1994, Guatemala’s Constitutional Court, led by González Dubón, quietly ruled in a closed session (which is common in Guatemala) four-to-three in favor of extraditing Ochoa.

Nine days later, on April 1, gunmen shot and killed González Dubón behind the wheel of his own car in the capital, near his middle-class home, in front of his wife and youngest son. On April 12, the same Constitutional Court, with a new chief justice, quietly ruled seven-to-one not to extradite Ochoa. The surviving judges used the same line in the official Constitutional Court register—changing the verdict and date, but not the original case number—to literally copy over the original ruling, as was only reported years later by the Costa Rican daily, La Nación.

The Clinton administration never said one word in protest. The U.S. ambassador in Guatemala City at the time, Marilyn McAfee, by her own admission had other concerns, including ongoing peace talks with the Guatemalan military. “I am concerned over the potential decline in our relationship with the military,” she wrote to her superiors only months before the assassination. “The bottom line is we must carefully consider each of our actions toward the Guatemalan military, not only for how it plays in Washington, but for how it impacts here.”

Four years after the murder, the Clinton administration finally admitted in a few lines buried in a thick report to Congress: “The Chief Justice of the Constitutional Court had approved [the] extradition for the 1991 charges just before he was assassinated. The reconstituted court soon thereafter voted to deny the extradition.”

Ochoa may not have been working alone. “In addition to his narcotics trafficking activities, Ochoa was involved in bringing stolen cars from the U.S. to Guatemala,” reads a “SECRET” U.S. intelligence report obtained by U.S. lawyer Jennifer Harbury. “Another military officer involved with Ochoa in narcotics trafficking is Colonel Julio Roberto Alpírez de Leon.”

Alpírez, who briefly trained at the U.S. School of the Americas in 1970, served “in special intelligence operations,” according to a U.S. Defense Intelligence Agency (DIA) report. A White House Oversight Board investigation later implicated him in the torture and murder of a Marxist guerrilla leader who was married to the Harvard-trained lawyer Harbury, and in the torture and mysterious decapitation of an American hotelier named Michael Devine. Col. Alpírez, since retired, has denied any wrongdoing and he was never charged with any crime.

But Ochoa, his former subordinate, is in jail today. Ochoa was arrested—again—for local cocaine dealing in Guatemala City, where crack smoking and violent crimes, especially rape, have become alarmingly common. Ochoa was later sentenced to 14 years in prison, and he remains the most important drug criminal ever convicted in Guatemala to date.

Until now, the DEA had never publicly recognized the bravery of Judge González Dubón, who died defending DEA evidence. “The judge deserves to be remembered and honored for trying to help establish democracy in Guatemala,” said DEA senior special agent William Glaspy in an exclusive interview. Since the murder, the DEA has been all but impotent in Guatemala.

The impunity that shields Guatemalan military officers from justice for criminal offenses started during the Cold War. “There is a long history of impunity in Guatemala,” noted Congressman William Delahunt, a Democrat from Massachusetts, who is also a member of the Western Hemisphere Subcommittee. “The United States has contributed to it in a very unsavory way dating back to 1954, and also in the 1980s,” he added, referring to a CIA-backed coup d’état in 1954, which overturned a democratically elected president and brought the Guatemalan military to power, and to the Reagan administration’s covert backing of the Guatemalan military at a time when bloodshed against Guatemalan civilians was peaking.

It was also during this Cold War-era carnage that the army’s la cofradía came into its own.

“The mere mention of the word ‘cofradía’ inside the institution conjures up the idea of the ‘intelligence club,’ the term ‘cofradía’ being the name given to the powerful organizations of village-church elders that exist today in the Indian highlands of Guatemala,” reads a once-classified 1991 U.S. Defense Intelligence Agency cable. “Many of the ‘best and the brightest’ of the officers of the Guatemalan Army were brought into intelligence work and into tactical operations planning,” it continues. Like all documents not otherwise attributed in this report, the cable was obtained by the non-profit National Security Archives in Washington, D.C.

According to the 1991 cable, “well-known members of this unofficial cofradía include” then army colonels “Manuel Antonio Callejas y Callejas” and “Ortega Menaldo.” (Each officer had briefly trained at the U.S. School of the Americas, in 1970 and 1976, respectively.)

The intelligence report goes on: “Under directors of intelligence such as then-Col. Manuel Antonio Callejas y Callejas back in the early 1980s, the intelligence directorate made dramatic gains in its capabilities, so much so that today it must be given the credit for engineering the military decline of the guerrillas from 1982 to the present. But while doing so, the intelligence directorate became an elite ‘club’ within the officer corps.”

Other Guatemalan officers called their approach at the time the practice of “draining the sea to kill the fish,” or of attacking civilians suspected of supporting leftist guerrillas instead of the armed combatants themselves. One former Guatemalan Army sergeant, who served in the bloodied province of Quiché, later told this author he learned another expression: “Making the innocent pay for the sins of the guilty.”

CIA reports are even more candid. “The commanding officers of the units involved have been instructed to destroy all towns and villages which are cooperating with the guerrilla[s] and eliminate all sources of resistance,” reads one 1982 Guatemala City CIA Station report formerly classified “SECRET.” The CIA report goes on, “When an Army patrol meets resistance and takes fire from a town or village it is assumed that the entire town is hostile and it is subsequently destroyed.” Forensic teams have since exhumed many mass graves. Some unearthed women and infants. More than 200,000 people were killed in Guatemala in what stands as Central America’s bloodiest conflict during the Cold War.

The violence left the military firmly in control of Guatemala, and it did not take long for this stability to catch the attention of Colombian drug syndicates. First the Medellín and then the Cali cartels, according to Andean drug experts, began searching for new smuggling routes to the United States after their more traditional routes closed down by the mid-1980s due to greater U.S. radar surveillance over the Caribbean, especially the Bahamas.

“They chose Guatemala because it is near Mexico, which is an obvious entrance point to the U.S., and because the Mexicans have a long-established mafia,” explained one Andean law enforcement expert. “It is also a better transit and storage country than El Salvador because it offers more stability and was easier to control.”

DEA special agents began detecting Guatemalan military officers running drugs as early as 1986, according to DEA documents obtained through the U.S. Freedom of Information Act. That’s when Ortega Menaldo took over from Callejas y Callejas as Guatemala’s military intelligence chief. Over the next nine years, according to the same U.S. documents, DEA special agents detected no less than 31 active duty officers running drugs.

“All roads lead to Ortega,” a U.S. drug enforcement expert said recently. “Even current active-duty officers may have other ties with retired officers. They have a mentor relationship.”

U.S. intelligence reports reveal the strong ties that cofradía high-level officers cultivated with many subordinates, who are dubbed “the operators.” “This vertical column of intelligence officers, from captains to generals, represents the strongest internal network of loyalties within the institution,” reads the 1991 U.S. DIA cable. “Other capable officers were being handpicked at all levels to serve in key operations and troop command,” this U.S. report goes on. “Although not as tight knit as the cofradía, the ‘operators’ all the same developed their own vertical leader-subordinate network of recognition, relationships and loyalties, and are today considered a separate and distinct vertical column of officer loyalties.”

Cofradía officers extended their reach even further, according to another U.S. intelligence cable, as the mid-level officer “operators” whom they chose in turn handpicked local civilians to serve as “military commissioners [to be] the ‘eyes and ears’ of the military” at the grassroots.

Few criminal cases better demonstrate the integration between the Guatemalan intelligence commands and drug trafficking than one pursued in 1990 by DEA special agents in the hot, sticky plains of eastern Guatemala, near the nation’s Caribbean coast. This 15-year-old case is also the last time that any Guatemalans wanted on drug charges were extradited to the United States. Arnoldo Vargas Estrada, a.k.a. “Archie,” was a long-time local “military commissioner,” and the elected mayor of the large town of Zacapa. U.S. embassy officials informed (as is still required according to diplomatic protocol between the two nations) Guatemalan military intelligence, then led by Ortega Menaldo, that DEA special agents had the town mayor under surveillance.

Vargas and two other civilian suspects were then arrested in Guatemala with the help of the DEA. Not long after, all three men were extradited to New York, where they were tried and convicted on DEA evidence. But the DEA did nothing back in Guatemala when, shortly after the arrests, the military merely moved the same smuggling operation to a rural area outside town, according to family farmers in a petition delivered to the U.S. Embassy in Guatemala City in 1992 and addressed simply “Señores D.E.A.”

“[B]efore sunrise, one of the planes that transports cocaine crashed when it couldn’t reach the runway on the Rancho Maya,” reads the document which the peasants either signed or inked with their thumbprints. The document names the military commissioners along with seven local officers, including four local army colonels whom the farmers said supervised them.

One of the civilian military commissioners the peasants named was Rancho Maya owner Byron Berganza. More than a decade later, in 2004, DEA special agents finally arrested Berganza, along with another Guatemalan civilian, on federal “narcotics importation conspiracy” charges in New York City. Last year, the DEA in Mexico City also helped arrest another Guatemalan, Otto Herrera, who ran a vast trucking fleet from the Zacapa area. Then-Attorney General John Ashcroft described Herrera as one of “the most significant international drug traffickers and money launderers in the world.”

Yet, not long after his arrest, Herrera somehow managed to escape from jail in Mexico City. Not one of the Guatemalan military officers the farmers mentioned in their 1992 petition has ever been charged. As the DEA’s Senior Special Agent Glaspy explained, “There is a difference between receiving information and being able to prosecute somebody.”

In 2002, then-Chairman Ballenger forced the Bush administration to take limited action to penalize top Guatemalan military officials thought to be involved in drug trafficking. “The visa of former Guatemalan intelligence chief Francisco Ortega Menaldo was revoked,” confirmed State Department spokesman Richard A. Boucher in March 2002, “under a section of the Immigration and Nationality Act related to narco-trafficking, and that’s about as far as I can go into the details of the decision.”

By then, Ret. Gen. Ortega Menaldo had already denied the U.S. drug charges, while reminding reporters in Guatemala City that he had previously collaborated with both the CIA and the DEA dating back to the 1980s. Indeed, a White House Intelligence Oversight Board has already confirmed that both the CIA and the DEA maintained at least a liaison relationship with Guatemalan military intelligence in the late 1980s and early 1990s when it was run by Col. Ortega Menaldo.

The CIA, through spokesman Mark Mansfield, declined all comment for this article.

Eight months after revoking Ortega Menaldo’s visa, the Bush administration again cited suspected drug trafficking to revoke the U.S. entry visa of another Guatemalan intelligence chief, Ret. Gen. Callejas y Callejas. But after the news broke in the Guatemalan press, this cofradía officer never responded publicly, as Ortega Menaldo did, to the U.S. drug allegation.

Rather than confront the impunity that allows Guatemalan military officers to traffic drugs, many of the country’s elected officials seem to be going in the opposite direction. Not long after the Bush administration named the two retired cofradía intelligence chiefs as suspected drug traffickers, members of the Guatemalan Republican Front, or FRG party, which was founded by another retired army general, introduced legislation in the Guatemalan Congress that would remove civilian oversight over the military in criminal justice matters.

Throughout the Cold War period, Guatemala’s civil justice system seldom had the opportunity to try officers for any crime. Instead officials submitted themselves to military tribunals. In the 1990s, civilian courts began for the first time tentatively to exert their authority to process military officers for crimes like drug trafficking. But the proposed legislation stipulates that any officer, whether active duty or retired, may only be tried in a military tribunal, no matter what the alleged crime. A court martial is normally reserved for crimes allegedly committed by military personnel in the course of their service. If this law is passed, however, it would ensure that Guatemalan officers accused of any crime, from murder to drug trafficking, could once again only be tried by their military peers.

“This would be a new mechanism of impunity,” noted José Zeitune of the Geneva-based International Commission of Jurists and author of a 2005 report on the Guatemalan judiciary.

As Chairman, Ballenger accused the FRG party, which enjoys a plurality in the Guatemalan Congress, of drug corruption. The FRG was founded by Ret. Gen. Efrain Ríos Montt. A controversial figure, he launched a coup d’etat in 1982 to become president of Guatemala just as the intelligence officers of la cofradía were rising.

The new vice-chairman of the Western Hemisphere subcommittee is Jerry Weller III, a Republican from Illinois. He recently married Zury Ríos Sosa, who is Ret. Gen. Montt’s daughter. Unlike other members of the Subcommittee, Weller, through his spokesman, Telly Lovelace, declined all comment for this article.

Congressman Weller’s father-in-law groomed Guatemala’s last president, an FRG member named Alfonso Portillo, who fled the country in 2004 to escape his own arrest for alleged money laundering, according to a State Department report. During President Portillo’s tenure, one of his closest companions inside the National Palace was the cofradía co-founder Ortega Menaldo, according to Guatemalan press accounts.

Today the shadowy structures of Guatemala’s intelligence commands are so embedded with organized crime that the Bush administration, for one, is already calling on the United Nations. Putting aside its usual criticisms of the international body, the administration supports a proposal to form a U.N.-led task force explicitly called the “Commission for the Investigation of Illegal Armed Groups and Clandestine Security Apparatus” in Guatemala. So far the only nation to yield its sovereignty to allow the United Nations a similar role is Lebanon, where U.N. investigators are digging into the murder of a former prime minister.

The proposed U.N. plan for Guatemala also enjoys the support of its new president, Oscar Berger, a wealthy landowner and lawyer who is well respected by the U.S. administration. But the proposed U.N. Commission is encountering resistance from FRG politicians like Weller’s wife, Ríos Sosa, who is also an FRG congresswoman.

So what are U.S. officials and Guatemalan authorities doing to stop the military officers involved in drug trafficking?

“In terms of public corruption against both the army and others, [Guatemalan authorities] have a number of investigations underway, right now,” then-Assistant Secretary Robert B. Charles said earlier this year at a State Department press conference. But, in keeping with past practices, not one of these suspected officers has been charged in either Guatemala or the United States.

More troubling still is a recent case involving those Mexican soldiers-turned-hitmen, the Zetas. This past October 22, seven members of the Zetas were arrested in a Guatemalan border town with weapons and cocaine. The Associated Press reported that, according to Guatemalan authorities, the Zetas came to avenge one of their members who had been killed in Guatemala. Despite the evidence against the men, a little more than a week after their arrests, Guatemalan authorities inexplicably set them free.

Frank Smyth is a freelance journalist who has been writing about Guatemalan drug trafficking since 1991 in publications including The Progressive, The Sacramento Bee, The Washington Post, the Village Voice, The New Republic, Salon.com and The Wall Street Journal. He has been a special correspondent for The Fort Worth Star-Telegram and The Economist. He is a contributor to Crimes of War: What the Public Should Know, edited by Roy Gutman and David Rieff. His clips are posted at www.franksmyth.com.

Iraq: No Consensus, No Constitution

/in /by

Original story found here.

Iraqi negotiators are as likely to agree on a constitution by Monday’s new deadline as American troops are likely to leave Iraq anytime soon. If leaders ultimately fail to reach a consensus, however, we could end up occupying Iraq for years if not decades to come.

It is hardly surprising that Iraqis are so divided. Any notion of pluralism, let alone democracy, is not only new to Iraq; it threatens to upset a regional balance of power that has lasted for centuries.

In a nation as inequitable and discriminatory as Iraq long has been, forging a consensus looks as difficult as the effort to end apartheid in South Africa was. This example shows, perhaps, that peace in Iraq may one day be possible — but not until after at least its three largest sides have fought it out hard and long enough to learn that compromising is their only remaining option.

We might never have invaded their nation if we had known how hard it would be for Iraqi groups to get along with each other. Much has been said about the Bush administration’s failure to find weapons of mass destruction in Iraq, after it alleged, along with most media, that they were there. But few people seem to realize that the administration and the same media together also planned an invasion for a fantasy nation.

In the years and months building up to the 2003 invasion, leading publications and columnists in the U.S. somehow wished Iraq’s toughest internal problems away.

A basic error in the reporting of Iraqi demographics gave a confusing and inaccurate portrayal of the country. In the 1990s, The Washington Post repeatedly described Iraq’s majority Shias as a “minority.”

In 1999, the journal Foreign Affairs published an article saying that Iraq’s big problem after Saddam Hussein will be helping its “Sunni majority” keep its Kurdish and Shi’a minorities from pulling away.

A 2002 op-ed by Henry Kissinger in The Washington Post warned that after Hussein, Iraq’s “Sunni majority” would need our help keeping the Kurdish and alleged Shi’a minorities in line.

Eight months before the invasion, William Safire, in The New York Times, downsized the so-called Sunni majority to a “plurality.”

Now, everyone knows that neither Iraq’s Sunni Arabs nor the country’s (Sunni) Kurds comprise more than 20 percent — at most — of the nation’s population, while nearly two-thirds of Iraqis are Shia Arabs.
By inflating the long politically dominant Sunni Arabs into an alleged majority, while downsizing the long-oppressed Shia Arabs into a so-called minority, the media allowed the administration to sidestep
the all-important question of what might happen to Iraq after Hussein.

The irony of this blind spot in the pre-invasion debate is that the same facts have played a role in our Iraqi policy before.

Back in 1991, after then-President George H.W. Bush repeatedly encouraged Iraqis to “toss aside” Hussein, he and his administration watched Iraq’s elite forces crush the very uprisings — by both the Shi’as in the south and the Kurds in the north — that they helped inspire. He and members of his cabinet later admitted that they did so because they feared the consequences of either Iraq’s Shi’a majority or Kurdish minority gaining more power.

Today, President George W. Bush still promises to bring democracy to Iraq, while adding earlier this week that he is optimistic that the Iraqis trying to negotiate a constitution will reach a consensus. That might have been easier if the fantasy nation that many pro-war experts, opinionists and pundits described before the invasion really existed. But the reality of Iraq is that the Shi’a majority is finally gaining the power that arguably it has long deserved, while the Kurdish minority is intent on preserving its hard-earned autonomy, if not breaking away from Iraq outright.

The Sunni Arab minority, meanwhile, is losing the power that it long has enjoyed out of proportion to its numbers.

It is possible to negotiate settlements to even the most entangled hostilities, as events in places as diverse as El Salvador, South Africa and Northern Ireland all show. But parties in each one of these conflicts only came to the table willing to make a deal after they more than flexed their military muscle. The bloody headlines coming out of Iraq every day show that Iraq’s Sunni Arabs still have plenty of muscle to flex. Many of them will keep on fighting to try and either restore themselves to power or at least strengthen their hand.